Según un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), Colombia y Panamá están siendo señalados por no brindar la protección necesaria a cientos de miles de migrantes que cruzan la selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. La falta de seguridad expone a los migrantes a robos y violencia sexual, convirtiendo su travesía en un riesgo constante.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, enfatizó la importancia de garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto a los derechos humanos para todos los migrantes que atraviesan esta peligrosa ruta. Asimismo, destacó la necesidad de una respuesta coordinada por parte de los gobiernos de Colombia y Panamá para abordar la crisis humanitaria en el Darién.
Entre las recomendaciones de HRW se incluye la designación de funcionarios de alto nivel para coordinar la respuesta a esta crisis, así como la colaboración entre ambos países para mejorar la seguridad y aumentar la asistencia de grupos internacionales.
El informe de HRW coincide con un aumento significativo en el número de migrantes que cruzan el Darién hacia Estados Unidos. El año pasado, más de 520.000 personas realizaron este peligroso viaje, siendo aproximadamente la mitad de ellos venezolanos que huyen de la crisis en su país.
La travesía por la jungla del Darién puede durar entre tres y cinco días, durante los cuales los migrantes pagan grandes sumas de dinero a guías y contrabandistas para facilitar su paso. Sin embargo, este camino está plagado de riesgos, incluidos cruces de ríos traicioneros donde docenas de personas han perdido la vida.
El informe de HRW también destaca la presencia del Clan del Golfo en el lado colombiano del Darién, un cártel del narcotráfico que cobra impuestos a los guías locales y se beneficia económicamente del paso de migrantes hacia Panamá.
Además, se hace hincapié en la falta de investigación y rendición de cuentas por los delitos cometidos contra migrantes y solicitantes de asilo en la región. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó un preocupante aumento en los casos de violencia sexual, lo que evidencia la urgente necesidad de proteger a los migrantes vulnerables.
En respuesta a estas preocupaciones, HRW insta a Panamá a permitir que organizaciones humanitarias como MSF operen en el país sin restricciones inapropiadas. Asimismo, se solicita una revisión de la política de “flujo controlado” implementada por Panamá, que limita la movilidad de los migrantes y obstaculiza su acceso a servicios básicos.
