- La expresidenta argentina Cristina Fernández presentó un recurso para anular su condena de seis años de prisión.
- La Fiscalía insiste en la acusación de asociación ilícita y pide elevar la pena a 12 años.
- La Corte Suprema tendrá la última palabra, pero la resolución podría tardar años.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se anule su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la concesión de obras viales. Mientras tanto, la Fiscalía apeló para endurecer la sentencia, solicitando 12 años de cárcel al insistir en la acusación de asociación ilícita.
El recurso de la defensa de Fernández busca revocar los fallos dictados en noviembre de 2024 (segunda instancia) y diciembre de 2022 (primera instancia), donde se la encontró culpable de irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo.
Por su parte, el fiscal Mario Villar presentó un escrito para que se reconsidere la calificación de asociación ilícita, lo que duplicaría la pena de Fernández si la Corte Suprema acepta la petición.
El futuro del caso en la Justicia
El tribunal de Casación, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá decidir si permite que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga o si rechaza los recursos. En este último caso, las partes aún podrían recurrir mediante un recurso de queja ante el máximo tribunal.
La condena original de Cristina Fernández, emitida en diciembre de 2022, fue la primera sentencia penal en su contra, pero hasta ahora no ha sido detenida porque el fallo no es definitivo. La causa, conocida como ‘Vialidad’, determinó que hubo malversación de fondos públicos en favor de Báez, quien también fue condenado a seis años de prisión, junto con exfuncionarios como José López y Nelson Periotti.
En noviembre pasado, la Casación ratificó la condena, aunque descartó la acusación de asociación ilícita, pues solo uno de los tres jueces respaldó esta figura penal.
Este proceso se da en un momento clave del debate político en Argentina, ya que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados la ‘Ley de Ficha Limpia’, que impediría postularse a cargos públicos a personas con condenas firmes. De aprobarse en el Senado, esta ley podría afectar una posible candidatura de Fernández en las elecciones legislativas de este año.
Además, el caso se desarrolla en medio de cambios en la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres jueces tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, y que podría ampliarse si el Senado aprueba las nominaciones propuestas por el Gobierno.
El futuro judicial de Fernández está en manos del máximo tribunal, pero su resolución podría demorar meses o incluso años.
