En un fallo de 8-1, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó la validez de una ley que prohíbe la posesión de armas de fuego para individuos sujetos a órdenes de restricción por violencia doméstica. Este caso marca el primer enfrentamiento de la corte con la Segunda Enmienda desde la ampliación de los derechos de armas en 2022.
El presidente de la Corte, John Roberts, describió la ley como una medida de “sentido común” que se activa solo después de que un juez determina una amenaza creíble de violencia física. Sin embargo, el juez Clarence Thomas disintió, argumentando que la prohibición viola el debido proceso al privar a los individuos de su derecho a poseer armas sin un proceso legal adecuado.
La decisión fue apoyada por el presidente Joe Biden, quien elogió el fallo como crucial para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Esta ratificación contrasta con la reciente anulación de la prohibición de los “bump stocks”, indicando una deliberación continua sobre los límites y derechos en el control de armas en Estados Unidos.
El caso, originado en Texas, destacó preocupaciones sobre la interpretación histórica de las leyes de armas y su impacto en la seguridad pública. La Corte reafirmó la importancia de equilibrar los derechos individuales con el interés colectivo en la seguridad, subrayando un debate jurídico en evolución sobre las regulaciones de armas en el país.
