• Al menos 31 figuras políticas concentran más de 6.2 millones de m³ de agua anuales
• Las concesiones atraviesan partidos, cargos y niveles de gobierno
• La nueva Ley General de Aguas reordena el esquema y eleva el control estatal
Un análisis del Registro Público de Derechos de Agua revela que al menos 31 figuras políticas con cargos en los últimos siete años mantienen concesiones vigentes para el uso de más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año. El volumen equivale a 2 mil 511 albercas olímpicas, en un contexto de escasez hídrica que afecta a múltiples regiones del país.
La información confirma que el acceso a concesiones no se concentra en un solo partido ni en un único nivel de poder. Legisladores, gobernadores, ministros del Poder Judicial y exfuncionarios federales figuran como titulares de permisos para uso agrícola, pecuario o productivo, otorgados bajo el marco legal vigente.
Los mayores volúmenes concesionados
Entre quienes concentran los volúmenes más altos se encuentran el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, con más de 1.4 millones de metros cúbicos anuales en Yucatán; la diputada Olga Sánchez Cordero, con más de un millón de metros cúbicos en Nuevo León; y el exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo Garza, con una concesión personal por 600 mil metros cúbicos.
También figuran la ministra de la Suprema Corte María Estela Ríos González, con una concesión agrícola en Guanajuato, y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, quien suma varios títulos para usos agrícolas y pecuarios.
Los titulares han señalado que las concesiones fueron otorgadas conforme a la ley y que el uso del recurso se mantiene dentro de los fines autorizados.
Concesiones en todos los frentes políticos
La revisión muestra que políticos de prácticamente todas las fuerzas partidistas cuentan con concesiones vigentes, incluidos legisladores que votaron tanto a favor como en contra de la reciente reforma en materia de agua. Exgobernadores, gobernadores en funciones y exsecretarios federales también aparecen en los registros oficiales.
Este panorama ha alimentado el debate público, no por la legalidad de los títulos, sino por la concentración del recurso en manos de actores con poder político, mientras amplias zonas del país enfrentan restricciones severas de abasto.
Reforma hídrica y cambios al modelo
El pasado 4 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, en medio de protestas de campesinos y agricultores en estados como Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Las movilizaciones no lograron frenar la aprobación, pero evidenciaron la tensión social en torno al control del recurso.
La nueva legislación prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua para reasignar volúmenes cuando cambie la propiedad de la tierra, existan herencias o se modifiquen las condiciones del predio concesionado.
Alertas por transparencia
Especialistas en gestión hídrica advierten que, aunque la reforma refuerza el control del Estado sobre el agua, también podría abrir espacios de opacidad si no se establecen criterios públicos y verificables para la reasignación de concesiones.
En este escenario, el debate de fondo gira en torno a la concentración del agua, la escasez regional y la necesidad de reglas claras que garanticen un uso equitativo del recurso. Con la nueva ley en vigor, el acceso y control del agua se consolidan como uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.
