Las Comisiones de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados han dado luz verde a una reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa a más delitos. Esta reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, modifica el artículo 19 de la Constitución para incluir delitos como extorsión, narcomenudeo, y la producción y venta ilegal de drogas sintéticas, como el fentanilo, además de defraudación fiscal y emisión ilegal de comprobantes. La reforma fue aprobada con 26 votos a favor y 14 en contra.
La oposición ha manifestado su preocupación, señalando que la reforma podría violar derechos humanos y aumentar la cantidad de personas inocentes en prisión, especialmente aquellas con menos recursos.
Rubén Moreira, del PRI, advirtió que la reforma podría ir en contra de la presunción de inocencia y no resolver el problema de la criminalidad. Santiago Torreblanca, del PAN, indicó que la mayoría de los encarcelados en prisión preventiva provienen de contextos vulnerables y no son los grandes criminales.
Paulina Rubio, también del PAN, destacó que la prisión preventiva oficiosa podría violar derechos humanos y hacer que las fiscalías sean menos eficientes. Según el Inegi, de las 226 mil personas en prisión, el 40% no tienen una sentencia, lo que muestra el uso extendido de esta medida.
Braulio López, de Movimiento Ciudadano, criticó la reforma por generar imputaciones falsas y mencionó que organismos internacionales como la ONU han pedido eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En contraste, Caro Cabrera, de Morena, defendió la reforma, argumentando que es importante para castigar delitos graves. Ismael Brito añadió que en 2017 se detectaron grandes evasiones fiscales, con significativas recuperaciones para el Estado.
La reforma fue aprobada en su totalidad y ahora se encuentra en discusión y votación en los detalles específicos.
