- Arturo Zaldívar reafirma su decisión de conservar su pensión como exministro de la SCJN.
- El ahora asesor político aclara que esta pensión es un derecho constitucional y una garantía adquirida por sus años de servicio.
- Zaldívar defiende su posición respecto a la Austeridad Republicana, explicando que está amparado por disposiciones vigentes durante su mandato.
El exministro Arturo Zaldívar descarta la renuncia a su pensión como ministro retirado de la SCJN, subrayando que se trata de un derecho constitucional y una garantía derivada de sus años de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su encuentro con diputados en la plenaria de Morena, donde también estuvo presente Claudia Sheinbaum, Zaldívar fue cuestionado sobre esta decisión tras su retiro de la SCJN y su participación en el equipo de la candidata presidencial de Morena.
En respuesta, el asesor político afirmó que no ha renunciado a su pensión ni tiene intenciones de hacerlo. Explicó que le correspondería alrededor del 80% de su “Verde Retiro”, descontando el 25% que ya había reducido de su salario al retirarse antes de tiempo.
Zaldívar señala que el artículo 127 constitucional no le aplica, ya que entró en funciones como ministro antes de la entrada en vigor de la reforma correspondiente. A pesar de las críticas sobre su salario, destaca que, a su llegada a la presidencia de la SCJN, sugirió la reducción del 25% del sueldo y percepciones de los ministros.
En cuanto a la Austeridad Republicana, Zaldívar sostiene que la misma está malinterpretada, explicando que su objetivo es evitar el mal uso de los recursos públicos, eliminar privilegios y evitar excesos. Además, resalta que no ha recibido ningún pago contrario a la Constitución y está dispuesto a aceptar cualquier decisión futura al respecto, demostrando su compromiso con el servicio público sin mantener privilegios indebidos.
Es fundamental tener en cuenta que el artículo 127 de la Constitución establece limitaciones en las remuneraciones de los servidores públicos, mientras que el artículo 22 de la Ley de Austeridad Republicana prohíbe ciertos beneficios con recursos públicos en contravención a las disposiciones vigentes.
