En un paso histórico, la Cámara de Diputados de México ha aprobado un proyecto de reforma dirigido a combatir las nocivas terapias de conversión, una práctica ampliamente condenada por su carácter abusivo y perjudicial. Con 267 votos a favor, esta medida marca un avance importante en la protección de los derechos de la comunidad LGBT+ en el país.
Las terapias de conversión, utilizadas para intentar cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas, han sido objeto de condena debido a sus métodos humillantes, coercitivos e incluso violentos. Su impacto ha causado daños irreparables a quienes han sido sometidos a ellas.
La reforma aprobada establece penas de prisión de dos a seis años para aquellos que realicen o apliquen terapias de conversión, con una duplicación de las sanciones en casos donde las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Este enfoque busca proporcionar una protección especial a los grupos más vulnerables de la sociedad y enviar un mensaje claro sobre la inaceptabilidad de estas prácticas en una sociedad moderna y respetuosa de los derechos humanos.
Sin embargo, la iniciativa ha generado cierto debate, especialmente en lo concerniente a la suspensión de los profesionales de la salud que participen en estas prácticas. Inicialmente se propuso la prohibición definitiva de su ejercicio profesional, pero se decidió modificar este aspecto para imponer una suspensión de hasta tres años, además de la pena de prisión, buscando equilibrar la necesidad de sancionar estas prácticas sin criminalizar excesivamente a ciertos sectores.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado algunas preocupaciones sobre la redacción y aplicación de la reforma. Aunque condena las terapias de conversión, advierte sobre el riesgo de una “persecución gratuita” a profesionales de la salud y religiosos, subrayando la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos LGBT+ y la garantía de la libertad de expresión y religión.
La iniciativa, que ahora enfrenta revisión constitucional en el Senado, representa un paso significativo hacia la erradicación de estas prácticas dañinas y hacia la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en México.
