- Dos agencias estadounidenses revisan acusaciones que relacionan a Andy López Beltrán con presunto crimen organizado y contrabando de combustible.
- El hijo de Andrés Manuel López Obrador habría buscado acercamientos con funcionarios de EU mediante intermediarios, pero no se han concretado reuniones formales.
- The New York Times señala que López Beltrán no enfrenta una acusación formal ni existe, hasta ahora, una investigación formal en su contra.
Autoridades estadounidenses revisan las acusaciones
Dos agencias policiales de Estados Unidos analizan señalamientos relacionados con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, informó The New York Times.
El diario estadounidense citó a cinco personas con conocimiento directo del proceso, quienes señalaron que las autoridades únicamente están revisando las acusaciones y que no han abierto una investigación formal contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La información forma parte de un reportaje firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher.
Contactos mediante intermediarios
Según las fuentes citadas por el diario, López Beltrán habría intentado establecer contacto con funcionarios policiales estadounidenses durante este año a través de intermediarios.
Tres personas familiarizadas con esos acercamientos señalaron que los contactos no derivaron en conversaciones formales entre el político mexicano y autoridades de Estados Unidos.
El reporte se publica semanas después de que el gobierno estadounidense revocó la visa de López Beltrán. En agosto, el morenista confirmó que ya no podía ingresar a territorio estadounidense, aunque Washington no explicó públicamente las razones de la decisión.
Los señalamientos por contrabando de combustible
The New York Times también revisó información contenida en expedientes de la Fiscalía General de la República relacionados con una presunta red de contrabando de combustible.
El diario menciona referencias en esos documentos que apuntarían a una posible participación de López Beltrán en este tipo de operaciones.
Uno de los elementos citados es la declaración de un testigo colaborador sobre el decomiso de un cargamento de diésel de contrabando. Según los documentos revisados por el diario, el testigo relacionó el operativo con un conflicto político entre funcionarios de seguridad y “el hijo del presidente”.
Los abogados de elementos de la Marina procesados por ese caso señalaron a medios mexicanos que esa expresión hacía referencia a López Beltrán.
El hijo del expresidente no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por The New York Times para ese reportaje.
El empresario Jorge Amílcar Olán
El reportaje también aborda las relaciones empresariales de personas cercanas a los hijos de López Obrador, particularmente el caso de Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Información publicada previamente por Proceso señala que Olán adquirió en 2023 dos departamentos en Puerto Cancún por más de 31 millones de pesos.
El medio también documentó que Romedic, una empresa relacionada con Olán, obtuvo un contrato superior a 295 millones de pesos para la adquisición de medicamentos en Quintana Roo.
Estos antecedentes forman parte del contexto utilizado para abordar los señalamientos que involucran a López Beltrán.
El impacto político para el gobierno de Sheinbaum
The New York Times señala que las acusaciones contra López Beltrán colocan nuevamente bajo escrutinio la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con figuras relevantes de Morena.
El diario también refiere la presión de Washington para que México actúe contra funcionarios señalados por corrupción o por posibles vínculos con organizaciones criminales.
En contraste, menciona que durante la administración de Sheinbaum han sido detenidos más de 100 funcionarios, incluidos alcaldes, policías municipales y políticos regionales, por acusaciones relacionadas con corrupción o colaboración con grupos criminales.
Otros integrantes de Morena mencionados
El reportaje también recuerda los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador Enrique Inzunza.
De acuerdo con el diario, fiscales estadounidenses los han señalado por presuntamente participar en una estructura destinada a proteger al Cártel de Sinaloa y han solicitado su detención con fines de extradición.
También menciona a Adán Augusto López Hernández, quien durante su gobierno en Tabasco designó como jefe de seguridad a Hernán Bermúdez Requena, posteriormente detenido y acusado de encabezar una organización criminal relacionada con narcotráfico, secuestro y extorsión.
The New York Times precisa que López Hernández no ha sido acusado de ningún delito.
López Beltrán rechaza los señalamientos
Hasta ahora, López Beltrán no ha sido acusado formalmente de un delito en Estados Unidos y las agencias mencionadas por The New York Times tampoco han abierto una investigación formal en su contra.
El hijo del expresidente ha rechazado los señalamientos que lo relacionan con actividades ilícitas y ha cuestionado las versiones sobre una posible participación en el contrabando de combustibles.
El reporte del diario estadounidense coloca estas acusaciones en el contexto de la creciente atención de autoridades de Estados Unidos sobre posibles redes de corrupción y tráfico de combustibles vinculadas con funcionarios y empresarios mexicanos.
