- El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, financiado principalmente por aportaciones gubernamentales provenientes de diversas fuentes, como recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- La propuesta de modificación al artículo 123 de la Constitución busca asegurar pensiones de retiro dignas, destacando que aquellos que iniciaron sus aportaciones después del 1° de julio de 1997 tendrán derecho a una pensión equivalente a su último salario, alcanzando hasta 16,777.78 pesos mensuales.
- Además de aportaciones gubernamentales, el fondo se nutrirá de recursos provenientes de la liquidación de entidades y la venta de bienes inmuebles, garantizando la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una iniciativa que busca asegurar jubilaciones dignas para los trabajadores mexicanos. Financiado principalmente por aportaciones del gobierno federal, este fondo se nutrirá de diversas fuentes, incluyendo el 75% de los recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
La modificación propuesta al artículo 123 de la Constitución destaca que los trabajadores que comenzaron sus aportaciones después del 1° de julio de 1997 tendrán derecho a una pensión de retiro por vejez equivalente a su último salario, alcanzando un monto de 16,777.78 pesos mensuales. Este monto se actualizará anualmente según la inflación estimada.
El Fondo de Pensiones del Bienestar también se nutrirá de ingresos obtenidos mediante la liquidación de entidades como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como de la venta de bienes inmuebles propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además, se contempla la obtención de recursos provenientes de diversas deudas pendientes, garantizando la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores.
La propuesta destaca el compromiso de evaluar actuarialmente la suficiencia del fondo cada 8 años, con el objetivo de determinar fuentes adicionales de financiamiento, asegurando la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
