La reciente reducción en el número de desaparecidos anunciada por el gobierno ha desatado preocupación entre organizaciones civiles y familias afectadas. La alarma se ha intensificado al descubrir que muchos casos han sido eliminados de los registros oficiales.
Irma Orgen, quien busca a su padre desaparecido desde 2017, quedó consternada al no encontrar su nombre en ningún registro oficial. Esta situación ha llevado a otras familias a cuestionar la transparencia y la integridad de los registros gubernamentales.
Un estudio realizado por la organización local Data Cívica reveló que casi 11,000 nombres han sido eliminados de las últimas versiones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esta discrepancia ha encendido las alarmas y ha llevado a activistas y familias de desaparecidos a pedir intervención internacional para proteger los datos de las víctimas.
Jacqueline Palmeros, activista y madre de una joven desaparecida, expresó su preocupación y señaló la posibilidad de recurrir a instancias internacionales si las autoridades mexicanas no responden adecuadamente.
El presidente del Comité Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas a investigar estas denuncias y convocar a las autoridades mexicanas para abordar el problema.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han ofrecido una explicación satisfactoria sobre la eliminación de estos registros. Mientras tanto, el gobierno ha presentado una nueva metodología que reduce la cifra total de desaparecidos, lo que ha generado aún más confusión y desconfianza entre las familias afectadas.
Ante esta situación, Data Cívica ha lanzado una plataforma digital para ayudar a los familiares de personas desaparecidas a rastrear el estado de búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, persisten las dudas sobre la transparencia y la eficacia de los registros gubernamentales en la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición en México.
