- La Secretaría de Gobernación insta a la SCJN a reconsiderar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
- Se alerta sobre los riesgos asociados con la liberación masiva de presuntos delincuentes vinculados a crimen organizado.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha hecho un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortando a la reconsideración de la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que ha sido fundamental en el sistema judicial de México.
Luisa María Alcalde, titular de la Segob, destacó los riesgos que esta decisión podría generar. Enfrentándose a la posible liberación de una cifra alarmante de presuntos delincuentes, señaló que muchos de ellos tienen vínculos directos con el crimen organizado, lo que plantea una seria amenaza para la seguridad pública.
“Es imperativo que la Corte considere las graves consecuencias que podría tener la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional”, y comento que “Nos enfrentamos a un escenario en el que la liberación de estos individuos podría poner en peligro tanto a los testigos como a las víctimas, así como al personal encargado de aplicar la ley”.
Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, detalló la titular de la Segob.
El llamado de la Segob llega en un momento en que la SCJN está evaluando la posibilidad de invalidar el artículo 19 constitucional y, por ende, prohibir la aplicación de la prisión preventiva de oficio en el país. Esta acción surge como respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó a México a reformar su sistema judicial.
También compartió detalles sobre una comunicación reciente del gabinete de Seguridad dirigida a todos los ministros de la SCJN, donde se resaltan las preocupaciones sobre la liberación potencial de hasta 68,000 presuntos delincuentes actualmente bajo prisión preventiva oficiosa. Además, enfatizó la importancia de abordar la problemática de la tardanza en los procesos judiciales, un factor clave que ha contribuido significativamente a esta situación.
