El caso de Carlota “N”, apodada en redes sociales como la “abuelita sicaria”, ha generado polémica luego de que fuera detenida el pasado 2 de abril por su presunta participación en el homicidio de dos personas en Chalco, Estado de México. Los hechos quedaron registrados en un video donde se observa a la mujer disparando contra las víctimas durante un presunto conflicto relacionado con la invasión de su propiedad.
A pesar de su edad avanzada, Carlota enfrenta cargos que podrían derivar en una condena considerable. Según el Código Penal del Estado de México, el homicidio simple intencional tiene una pena de 12 a 24 años de prisión, pero en este caso podría clasificarse como homicidio calificado, lo que elevaría la pena hasta 55 años.
¿Qué implica el homicidio calificado?
Para que se le imponga esta categoría, el Ministerio Público deberá demostrar elementos como la alevosía (actuar con premeditación y sin riesgo para la agresora) o la ventaja (superioridad que facilite la ejecución del delito). Estos agravantes, si se prueban en juicio, agravarían la sentencia final.
Además del cargo principal, Carlota “N” enfrenta una acusación adicional por cohecho, ya que presuntamente intentó sobornar a oficiales de policía para evitar su detención. Este delito también está sancionado por ley y puede agravar su situación legal.
¿Podría evitar la cárcel por su edad?
Aunque la ley contempla beneficios especiales para personas mayores de 70 años, como la prisión domiciliaria, este no es un derecho automático. Para acceder a este beneficio, un juez debe evaluar el estado de salud, la gravedad del delito y el riesgo social que representa el acusado.
El Código Penal Federal permite el cumplimiento de penas fuera del penal solo si se trata de delitos no graves o si la persona presenta condiciones médicas severas. En el caso de Carlota, al tratarse de un doble homicidio, este beneficio no es garantizado.
El juez definirá el destino legal de Carlota
En caso de ser hallada culpable, corresponderá al juez establecer la pena exacta y sus condiciones, considerando tanto la edad de la imputada como las circunstancias específicas del crimen.
El caso ha abierto un debate sobre los límites de la justicia penal en adultos mayores, y la aplicación del principio de proporcionalidad en la sanción, en hechos de extrema gravedad.
