El Gobierno de México presentó un nuevo proyecto de ley que busca reformar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta propuesta tiene como objetivo principal que empresas de telefonía y plataformas digitales estén obligadas a entregar información de sus usuarios a las autoridades cuando exista una solicitud formal derivada de una investigación judicial o de seguridad pública.
¿Qué empresas estarían obligadas?
La iniciativa aplica tanto a empresas de telefonía móvil como Telcel, AT&T y Telefónica, como a plataformas digitales que operan en el país, incluyendo Netflix, Uber, Amazon, entre otras.
Estas compañías deberán colaborar con las autoridades entregando información sobre sus usuarios, cuando exista una petición formal en el marco de un proceso judicial.
¿Qué tipo de datos deberán proporcionar?
De acuerdo con el artículo 159 del proyecto de ley, las empresas estarán obligadas a proporcionar datos personales como:
- Nombre completo del usuario
- Domicilio
- Razón social (en caso de personas morales)
En el caso específico de las compañías de telefonía, esta obligación se extiende a todos los usuarios, tanto los que tienen planes pospago como los que usan servicios de prepago, lo que significa que todos los usuarios deberán registrar sus datos personales para activar cualquier línea telefónica, incluso aquellas que no requieren contrato.
Además, según el artículo 160, las empresas deberán conservar un registro detallado de todas las comunicaciones realizadas desde cualquier dispositivo o servicio digital. Esto incluye:
- Llamadas
- Mensajes de texto
- Comunicaciones por aplicaciones de internet
¿Cuál es el plazo para entregar esta información?
Las compañías tendrán un máximo de 24 horas para entregar la información solicitada a partir del momento en que reciban la notificación oficial de la autoridad competente.
Si no cumplen con esta obligación, o si entregan información incompleta o errónea, podrían recibir una sanción económica de hasta el 4% de sus ingresos anuales, según lo establece el apartado de sanciones del mismo proyecto.
¿Dónde se almacenará toda esta información?
El proyecto contempla la creación de una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, donde se centralizará la información recopilada por todas las empresas obligadas. Esta plataforma formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se alimentará tanto de datos proporcionados por operadores de telefonía como de plataformas digitales de servicios y contenido.
¿Por qué hay preocupación?
Aunque el proyecto establece las obligaciones de las empresas, no detalla los mecanismos judiciales que regulen el acceso a esta información, ni especifica si los usuarios serán notificados cuando sus datos sean consultados o utilizados por las autoridades.
Esto ha generado preocupación entre especialistas en derechos digitales, quienes advierten que la falta de transparencia y supervisión podría derivar en abusos, filtraciones o uso indebido de datos personales.
La inquietud aumenta debido a que actualmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no está funcionando de forma plena, lo que deja sin vigilancia efectiva la protección de la privacidad de millones de ciudadanos.
¿En qué etapa está esta propuesta?
La iniciativa forma parte de una reforma más amplia que también incluye cambios a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y al Sistema Nacional de Investigación.
Todavía no ha sido aprobada: deberá ser revisada y discutida por el Congreso, donde los legisladores podrían modificar, eliminar o ajustar varios de sus artículos antes de su aprobación final.
