- Reforma aprobada en comisiones del Senado incluye nuevos delitos en prisión preventiva oficiosa.
- La oposición critica la medida, calificándola como un retroceso en derechos humanos.
- Morena defiende la reforma, asegurando que mejorará el sistema judicial.
El Senado de la República, a través de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a delitos como el tráfico de sustancias químicas y la extorsión. La propuesta ha generado rechazo entre los partidos de oposición, que la califican como un retroceso en materia de derechos humanos. La discusión final será en el Pleno del Senado.
Ricardo Anaya, senador del PAN, calificó esta reforma como una de las más preocupantes por su impacto en muchas personas. Señaló que el problema no radica en sumar más delitos al catálogo, sino en la naturaleza misma de la prisión preventiva oficiosa, ya que implica encarcelar a personas acusadas, pero no condenadas. También recordó que organismos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido eliminar esta figura por considerar que viola la presunción de inocencia.
“Prisión preventiva justificada es una cosa, pero convertirla en una regla general, donde cualquier persona acusada puede pasar años en prisión sin sentencia, es algo que requiere una revisión profunda”, afirmó Anaya.
Marko Cortés, también del PAN, criticó que esta reforma permita encarcelar a personas únicamente con la acusación del ministerio público. Citó estudios de México Evalúa que indican que el 70 % de los acusados bajo esta figura resulta no culpable. “Esto no solo destruye vidas, sino que convierte las cárceles en escuelas del crimen”, advirtió.
Desde el PRI, Claudia Anaya expresó que esta es “la peor reforma” entre todas las propuestas recientes, destacando que desde 2008 se han sumado más delitos al catálogo sin garantizar justicia. Por su parte, Carolina Viggiano advirtió que ampliar de seis a 22 los delitos con prisión preventiva oficiosa solo fomenta el populismo judicial, que busca aceptación social sin resolver los problemas de fondo.
En defensa de la reforma, la senadora de Morena Guadalupe Chavira argumentó que, aunque existen casos de abuso, en el sexenio pasado hubo avances en preliberaciones. Por su parte, Manuel Huerta acusó a la oposición de deshonestidad y aseguró que las reformas recientes buscan corregir fallas del sistema judicial.
Por último, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que esta figura afecta especialmente a sectores vulnerables, como mujeres y personas en pobreza, y que desmotiva a las fiscalías para realizar investigaciones completas.
