- Un grupo de 31 expresidentes de América Latina y España solicita a la Corte Penal Internacional la “captura inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y sus principales colaboradores.
- La denuncia se basa en alegaciones de “violaciones sistemáticas de derechos humanos” y “crímenes de lesa humanidad” cometidos bajo el régimen de Maduro.
- La solicitud se enmarca en una investigación formal abierta por la CPI contra Venezuela desde noviembre de 2021.
Un grupo de 31 expresidentes iberoamericanos ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) la “captura y detención inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro, su número dos Diosdado Cabello, y otros miembros clave del gobierno de Venezuela. El expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien lidera la iniciativa, presentó un informe jurídico de seis páginas a la CPI destacando alegaciones de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo el régimen de Maduro.
Entre los firmantes se encuentran los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa. La solicitud subraya la importancia de una acción inmediata en respuesta a las supuestas violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno venezolano.
Ley Militar en Venezuela: Un nuevo enfoque de responsabilidad
El informe hace especial hincapié en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de enero de 2020, que designa a Maduro como comandante en jefe, transformando a Venezuela en un Estado militar. Según Pastrana, esta ley implica que Maduro tiene responsabilidad directa sobre las acciones del ejército y el gobierno, lo que hace necesario que la CPI actúe sin dilación.
El grupo de exmandatarios también expresó preocupación por la seguridad de líderes opositores colombianos y la situación de los detenidos políticos en Venezuela. Los exlíderes han ofrecido su apoyo para proporcionar pruebas y respaldo legal a la CPI, con el fin de avanzar rápidamente en la investigación sobre los crímenes en Venezuela.
