La Secretaría de la Función Pública impuso multas que suman 1,020 millones 148,646 pesos a licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal por no cumplir con las leyes en contrataciones públicas. Estas sanciones, derivadas de 266 casos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, representan un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y legalidad en los procesos de contratación.
La dependencia federal detalló que del total de las sanciones, el 78.6% (209) fue consecuencia de proporcionar información falsa durante los procedimientos de contratación, mientras que el 16.9% (45) se originó por no formalizar los contratos adjudicados. Además, 12 sanciones, equivalentes al 4.5% del total, se aplicaron por incumplimientos contractuales que resultaron en daños graves al erario público.
La Secretaría de la Función Pública subrayó que las sanciones se basaron en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigentes al momento de los hechos.
Por otro lado, se informó que 237 sanciones fueron interpuestas por los Órganos Internos de Control y 29 por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
La Secretaría confirmó que las sanciones incluyeron un total de 175 inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas, con periodos que varían entre tres meses y siete años. Estas inhabilitaciones están disponibles en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en el enlace: Directorio de Proveedores Sancionados.
Es crucial destacar que, aunque las sanciones ya están publicadas, la dependencia señaló que los registros podrían cambiar dependiendo de las determinaciones resultantes de los medios de impugnación interpuestos por los afectados.
Es importante recordar que las multas y sanciones de la Secretaría de la Función Pública podrían ser objeto de reversión mediante juicios presentados por los contratistas afectados, lo que añade una capa adicional de complejidad a este panorama de fiscalización y cumplimiento en contrataciones públicas.
