México, 3 de febrero de 2021.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró este miércoles que únicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede garantizar un sistema eléctrico nacional continuo, confiable y estable.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado, lo que ha generado polémica.
“¿Por qué es una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por tres principios constitucionales en esta rectoría: la primera, la continuidad en el servicio; la segunda, la confiabilidad en el servicio y, la tercera la estabilidad en el servicio.
Solamente la CFE puede garantizar al Estado mexicano, en esta rectoría, estos tres principios. Imagínate un sistema eléctrico no confiable. Bienvenida la participación de la iniciativa privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado”, aseguró Sánchez Cordero.
Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, para beneficio del interés nacional.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE, por encima de las plantas privadas eólicas y solares y por último las de ciclo combinado.
Sánchez Cordero apuntó que el presidente López Obrador retomó la rectoría del Estado en sectores estratégicos. Sin embargo, apuntó que esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y límites
“Hizo uso de su atribución de la iniciativa preferente, el Congreso tendrá que decidir y, en su caso, si alguien está inconforme podrá impugnar lo que a su derecho corresponde”, argumentó.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que esta iniciativa preferente para limitar las energías renovables es una “expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la (pública) electricidad más cara y contaminante”. (Con información de López-Dóriga Digital)
