- El Parlamento Europeo, votará sobre nuevas normativas fiscales para controlar déficit y deuda.
- Las reglas equilibran disciplina fiscal con inversiones en transiciones verde y digital.
- Críticas por restricciones en inversiones climáticas y sociales.
El día de mañana, el Parlamento Europeo deliberará sobre las nuevas reglas fiscales que buscan limitar el déficit y la deuda pública en la Unión Europea.
Estas normativas, tras arduas negociaciones entre los países miembros, mantienen los límites tradicionales del 60 % del PIB para la deuda y el 3 % para el déficit, pero ofrecen cierta flexibilidad para que los Estados definan sus propias estrategias de ajuste fiscal.
Bajo las nuevas reglas, cada Gobierno deberá presentar un plan fiscal a cuatro años con el objetivo de reducir la deuda y el déficit. Sin embargo, se contempla la posibilidad de ampliar este plazo a siete años si se implementan reformas que impulsen el crecimiento económico o prioridades como la transición verde, la digitalización y la defensa.
Aunque se establecen objetivos comunes de recorte para evitar posibles demoras en los ajustes, las normativas también han generado críticas debido a su impacto en las inversiones climáticas y sociales.
Organizaciones sindicales y medioambientales consideran que estas reglas fiscales limitan significativamente la capacidad de los Estados para invertir en objetivos relacionados con el clima y el bienestar social.
Una vez aprobadas por el Parlamento Europeo, las nuevas normativas fiscales deberán recibir la aprobación final de los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Sin embargo, la Comisión Europea ya ha anunciado su intención de proponer la apertura de expedientes sancionadores a los países que superaron los límites de déficit y deuda en 2023, lo que implicará la implementación de ajustes para equilibrar las cuentas públicas.
Con el objetivo de promover la estabilidad financiera en la región, estas nuevas normativas fiscales representan un paso importante hacia una gestión más responsable de las finanzas públicas en la Unión Europea.