La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo un importante decomiso de drogas sintéticas valuadas en aproximadamente 92 millones de dólares, tras realizar ocho órdenes de cateo en Culiacán, territorio operado por el Cártel de Sinaloa.
Según informes de inteligencia naval, este decomiso es uno de los más significativos en términos de fentanilo y metanfetaminas, además de asegurar nueve personas vinculadas con estas actividades ilícitas.
Nocaut a finanzas del crimen organizado
Durante los cateos, se confiscó documentación relevante, dinero en diversas monedas, sustancias y precursores químicos controlados, almacenados en recipientes como bidones, frascos y botellas que contenían líquidos transparentes, café y amarillentos, utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.
La Semar y la FGR también se decomisaron sustancias sólidas, tanto blancas como cristalinas, con características propias de metanfetamina, así como pastillas marcadas con la leyenda M30, presumiblemente fentanilo.
Además, se incautaron equipos como tabletadoras, mezcladoras industriales y emplayadoras, junto con material diverso para la manipulación de sustancias químicas.
Producción y valoración del decomiso
Según las investigaciones, la máquina tableteadora utilizada podría haber producido aproximadamente 6 millones 700 mil tabletas entre el 1 de mayo y el 30 de junio, con un valor estimado en más de mil 700 millones de pesos, equivalente a más de 92 millones de dólares.
Entre los objetos asegurados también se encontraron vehículos de alta gama, armas de fuego, granadas de fragmentación, material balístico y equipos de telecomunicación, todos vinculados a las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa.
Acciones legales y seguimiento
El Ministerio Público de la Federación ha asegurado y puesto a disposición seis inmuebles relacionados con estas actividades ilegales. Además, se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos correspondientes.
Las nueve personas detenidas han sido vinculadas a proceso y se les ha dictado prisión preventiva como medida cautelar, siendo trasladadas a centros de reinserción social en Aguaruto y Guasave.