- El Ejecutivo federal busca modificar el Artículo 21 para reforzar la seguridad pública.
- La iniciativa se turnó directamente a tres comisiones del Senado para su análisis.
- La reforma promueve una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo federal presentó el pasado viernes una propuesta para reformar el Artículo 21 de la Constitución, con el fin de mejorar la seguridad pública en México. Esta reforma tiene como objetivo dar más poder a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para investigar delitos de manera más eficiente. En la sesión ordinaria del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, informó que la iniciativa fue turnada de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera para su dictamen, previsto para el lunes.
La reforma busca mejorar la seguridad pública
El proyecto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum señala que la SSPC necesita mayor capacidad para hacer frente a la inseguridad. Según la propuesta, dotar a la secretaría de más herramientas legales le permitirá investigar delitos de manera más efectiva. Además, la reforma busca fortalecer la estrategia de seguridad pública y aumentar la protección de los ciudadanos.
Cambio en la investigación de delitos
La modificación al Artículo 21 propondría que la investigación de los delitos sea responsabilidad del Ministerio Público, la SSPC, la Guardia Nacional y las policías locales, en función de sus competencias. La reforma también busca que la investigación se base en inteligencia, análisis de datos y coordinación interinstitucional, con el fin de mejorar la respuesta ante la delincuencia.
Más coordinación entre las fuerzas de seguridad
Una de las prioridades de la reforma es la mejora de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. La propuesta plantea que la SSPC trabaje de manera más estrecha con la Fiscalía General de la República y las diferentes corporaciones de policía. De esta manera, las autoridades podrán compartir información y recursos para combatir la criminalidad de manera más eficiente.