El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no compareció como testigo en la investigación por supuesto tráfico de influencias y corrupción relacionada con su esposa, Begoña Gómez. Sánchez ejerció su derecho de no declarar, de acuerdo con sus abogados.
La Abogacía del Estado presentó una querella contra el juez Carlos Peinado, que está llevando la investigación. Pilar Alegría, vocera del gobierno, defendió la decisión como una protección de la presidencia.
Sánchez, quien no está obligado por ley a testificar contra su esposa, solo estuvo unos minutos en la sala. El caso, que surgió tras denuncias del grupo Manos Limpias, alega que Gómez usó su influencia para afectar acuerdos empresariales. Este grupo, aunque se presenta como sindicato, se dedica principalmente a presentar demandas legales contra políticos de izquierda.
Peinado, quien rechazó la solicitud de Sánchez para declarar por escrito, fue el primer juez en entrevistar a un presidente en activo en el complejo presidencial de La Moncloa. La fiscalía también estuvo presente.
Pilar Alegría criticó la investigación, llamándola un montaje para dañar la imagen del presidente, y afirmó que el gobierno está seguro de que la verdad saldrá a la luz.
Sánchez ha denunciado el caso como un intento de desprestigio contra su gobierno de izquierda. Aunque la fiscalía recomendó desestimar el caso, una corte permitió que la investigación continuara.
Después de que se iniciara la investigación en abril, Sánchez consideró renunciar debido a lo que llamó un “ataque sin precedentes” contra su esposa. Sin embargo, decidió seguir en su cargo.
A principios de año, el Partido Popular había presentado una demanda contra Sánchez, acusándolo de ser influenciado por Gómez en una decisión sobre una aerolínea, pero el organismo español de conflictos de intereses desestimó la demanda.