- La Ley Malena se aprueba en 13 estados de México, buscando penas más severas para los agresores de violencia ácida.
- La reforma protege no solo a mujeres, sino también a personas trans y grupos vulnerables.
- María Elena Ríos, saxofonista y activista, lidera la lucha tras sobrevivir a un ataque con ácido en 2019.
La Ley Malena, que busca combatir la violencia ácida, gana apoyo en varias partes de México. Esta legislación recibe su nombre de María Elena Ríos, una saxofonista que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019. Actualmente, la ley ha sido aprobada en 13 estados, y se espera que se discuta pronto en otros tres.
El impacto de la Ley Malena
Esta ley tiene como objetivo tratar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Las penas para los agresores podrían variar entre 25 y 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad del ataque. Además de los ataques con ácido, la ley también incluye sustancias como gasolina, fertilizantes y cloro.
María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido, es la principal defensora de esta ley. A través de su experiencia, busca visibilizar una violencia que no había sido suficientemente atendida en la legislación. “Para mí, esta ley es una forma de resignificar lo que soy”, comentó Ríos.
Avances y retos en su implementación
Algunos estados como Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México ya consideran estos ataques como tentativa de feminicidio. Sin embargo, la adopción de la ley no ha sido uniforme. En otros lugares, como Aguascalientes y el Estado de México, este tipo de agresiones solo se considera un agravante de lesiones.
En varios congresos locales, algunos legisladores dudan sobre la extensión de este tipo de violencia en sus regiones. Esto ha retrasado la implementación de la ley en ciertas entidades. María Elena Ríos denuncia que el Estado y la sociedad no siempre apoyan a las sobrevivientes: “El Estado y parte de la sociedad no quieren sobrevivientes, quieren víctimas”.
La necesidad de un cambio federal
La Ley Malena también protege a las personas trans y otros grupos vulnerables. Además, la ley exige que los ataques con ácido sean reportados al Ministerio Público y que se lleve un registro oficial de los incidentes. María Elena Ríos espera que esta reforma sea adoptada a nivel federal, eliminando las lagunas legales que impiden la justicia para las víctimas.
