“Los sistemas de votación electrónica, aunque son potencialmente útiles para garantizar una elección justa y eficaz, se convierten en herramientas de control, en manos de un gobierno autoritario”.
Las recientes elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en Venezuela han vuelto a poner en el centro de la atención mundial las tensiones entre la tecnología electoral y el autoritarismo.
Nicolás Maduro fue declarado ganador con un 51.2% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo un 44.2%. Sin embargo, la oposición ha rechazado estos resultados alegando fraude y manipulación por parte del gobierno.
Y es que la crisis electoral en Venezuela es un fenómeno que lleva años en desarrollo, y hoy ha llegado a un punto de no retorno que amenaza no solo la estabilidad interna de ese país, sino también la de toda América Latina.
Los venezolanos están inmersos hoy en un abismo de incertidumbre política y social, porque las elecciones en las que participaron en lugar de constituirse en un pilar democrático, se han convertido en un espectáculo controlado por el poder, sin transparencia y legitimidad.
Venezuela había implementado el voto electrónico desde hace varios años con la promesa de mejorar la transparencia y la eficiencia en el proceso electoral; desafortunadamente, ello quedó en un simple intento.
La realidad es que desde su ascenso al poder, Maduro ha consolidado el control absoluto sobre las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debería ser el árbitro imparcial en cualquier proceso electoral.
Pero lo cierto es que el CNE ha sido instrumentado para garantizar la perpetuación en el poder del régimen, a través de la manipulación de los resultados, la descalificación eterna a candidatos opositores y la represión de voces disidentes.
Si bien ese organismo electoral ha utilizado la tecnología y desplegado sistemas avanzados para el conteo de votos y la transmisión de resultados, la confianza en esos sistemas ha sido brutalmente cuestionada debido al retraso de la publicación de resultados.
Sobre todo este proceso, la oposición y observadores internacionales han señalado que, a pesar de la tecnología, las elecciones siguen siendo manipuladas para favorecer al régimen de Maduro.
Las denuncias de irregularidades en el software de votación, el acceso desigual a los medios de comunicación y la intimidación de votantes han sido recurrentes.
Estas elecciones no han sido la excepción con múltiples informes de fallos en las máquinas de votación y retrasos en la transmisión de resultados que han alimentado las sospechas de fraude, lo que sin duda pone en el ojo público la digitalización del voto electrónico en América Latina.
¿Estamos listos y listas en México para ese proceso de digitalización democrática? ¿Habrá candados digitales necesarios para blindar y dar veracidad e imparcialidad a este proceso?
En su mejor expresión, el voto electrónico promete rapidez, eficiencia y la posibilidad de reducir el fraude electoral. No obstante, el caso de Venezuela ha mostrado que la tecnología, en manos de regímenes autoritarios o instituciones cooptadas, puede ser un arma de doble filo. Esa crisis plantea preguntas cruciales sobre la implementación del voto electrónico en otros países de América Latina.
La tecnología no es infalible, y en países donde la democracia es frágil, puede ser fácilmente vulnerada.
DAVID ROMERO MÉNDEZ
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
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