Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha recibido el permiso de la justicia británica para apelar su extradición a Estados Unidos. El tribunal solicitó garantías sobre el trato que recibiría en ese país.
El 26 de marzo, los jueces británicos exigieron a las autoridades estadounidenses que aseguraran que Assange, de 52 años, se beneficiaría de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Sin embargo, las garantías proporcionadas por Estados Unidos no convencieron este lunes a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, a pesar de que en junio de 2022 se había aprobado la extradición.
Edward Fitzgerald, abogado defensor de Assange, aceptó las garantías de que su cliente no enfrentaría la pena de muerte, pero expresó dudas sobre la aplicación de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa.
James Lewis, representante del gobierno de Estados Unidos, afirmó que las acciones de Assange “no estaban protegidas” por la Primera Enmienda, ya que no se aplica a la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente, poniendo en riesgo a fuentes inocentes.
Assange, que no asistió a la audiencia debido a problemas de salud, enfrenta una posible condena de hasta 175 años en Estados Unidos por la publicación de más de 700,000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas, especialmente relacionadas con Irak y Afganistán.
Tras el fallo, los abogados de Assange celebraron la decisión del tribunal. Su esposa Stella declaró en el tribunal que “este día marca un punto de inflexión”. Amnistía Internacional describió la decisión como “una rara noticia positiva para Julian Assange y todos los defensores de la libertad de prensa”.
El intento de Estados Unidos de procesar a Assange pone en peligro la libertad de prensa a nivel mundial y ridiculiza sus compromisos con el derecho internacional y la libertad de expresión, según Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional.
Los seguidores de Assange se congregaron en el tribunal con pancartas y gritos pidiendo su liberación. Jenny West, una escultora de 83 años, comentó: “La vida de este hombre está en juego. Representa a todos los periodistas, es una situación humanitaria urgente”.
Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 después de haber pasado siete años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia por un caso de presunta violación, que fue desestimado ese mismo año.
Para sus seguidores, Assange expuso abusos en el ejército estadounidense y su lucha representa la defensa de la libertad de prensa. Por su parte, Washington sostiene que Assange y WikiLeaks pusieron vidas en peligro al publicar documentos confidenciales que incluían nombres de fuentes de inteligencia.
Recientemente, la familia de Assange ha advertido sobre el deterioro de su salud en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Su esposa Stella indicó el miércoles pasado que “todas las pruebas psiquiátricas concluyeron que existe un riesgo de suicidio”. La defensa también ha subrayado este riesgo durante las audiencias.