- El Gobierno de Daniel Ortega disuelve la Cámara Oficial Española de Comercio en Nicaragua junto a otras 150 organizaciones no gubernamentales.
- Esta decisión sigue a una reforma legal que exige a las ONG formar alianzas con el Estado para ejecutar proyectos.
- El Ejecutivo no ha ordenado el traspaso de bienes a Estado en esta ocasión.
Cierre de la Cámara Española y 150 ONG en Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ha cerrado la Cámara Oficial Española de Comercio en Nicaragua y otras 150 organizaciones no gubernamentales (ONG). El Gobierno anunció este jueves la cancelación de la personería jurídica de estas entidades. A diferencia de disoluciones anteriores, esta vez no se ordenó el traspaso de sus bienes al Estado.
Entre las entidades afectadas se encuentran varias cámaras de comercio, incluyendo la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria de Nicaragua, y las cámaras de comercio de países como Alemania, Francia, Italia, Corea, México, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Ecuador. Con esta última ola de cierres, el número total de ONG disueltas en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018 asciende a cerca de 5.400.
La disolución de estas 151 organizaciones sigue a una reciente reforma legislativa que requiere a las ONG formar “alianzas” con instituciones estatales para llevar a cabo sus proyectos. Este cambio legislativo se produjo dos días antes del cierre de las ONG y tres días después de que se ilegalizara en bloque a 1.500 organizaciones. La ministra del Interior, María Amelia Coronel, firmó el acuerdo de disolución, y el Diario Oficial La Gaceta publicó el documento.
El Ministerio del Interior explicó que cerraron la Cámara Oficial Española de Comercio por no presentar los estados financieros de 2022 y 2023, y por tener una junta directiva vencida desde febrero del año pasado. En esta ocasión, el Ministerio no se pronunció sobre el destino de los bienes de las organizaciones disueltas, a diferencia de prácticas anteriores en las que los bienes se traspasaban al Estado. Algunos diputados sandinistas han argumentado que las ONG afectadas utilizaron sus recursos para intentar derrocar al presidente Ortega durante las manifestaciones de 2018.
