Por Juan Carlos Cruz Tapia
“Yo no comprendí lo que era la discapacidad, hasta que me percaté que la gente trataba a Dany de diferente manera. Dany para mí, era cómplice de juegos y travesuras, alguien con quién podía jugar y reír tardes enteras, siempre ha sido el más entusiasta. Dany es mi tío y padece de trisomía 21 (lo que comúnmente llamamos como Síndrome de Down), pero eso no le ha impedido crecer personal y profesionalmente, utilizar servicios bancarios, de inversión y de retiro, apoyado siempre por nosotros como familia.”
Podemos definir discapacidad como la dificultad para llevar a cabo actividades, derivado de una condición física o mental que restrinja o impida a una persona realizarlas. Dentro de los diversos rubros existen: físicos o motores, sensoriales, intelectuales, mentales y psicosociales; la condición puede derivarse de factores muy variados, desde condiciones hereditarias hasta alteraciones aleatorias dentro de la gestación.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que el 16% de la población global mantiene alguna condición de discapacidad, es decir 1.3 mil millones de personas; esto representa un reto para una sociedad que basa sus planes de infraestructura en el 84% restante. Según el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México la población con discapacidad asciende a 7.2 millones de personas (5.7% de la población), de estas el 52% son mujeres y el 48% hombres. En términos de distribución geográfica, es la región sur del país aquella que tiene mayor prevalencia de población con discapacidad con estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco.
Por ende, debemos focalizar nuestros esfuerzos como instituciones, gobierno y sociedad en generar condiciones necesarias para una verdadera inclusión social, independientemente de la condición de las personas. Proponer y adoptar políticas que promuevan una cultura inclusiva y apoyen a disminuir la desigualdad de oportunidades, generando infraestructura que permita un desenvolvimiento armónico en servicios de salud, educativos, transporte, laborales y urbanos. Los servicios financieros no deben ser la excepción.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recientemente publicó el documento “Inclusión financiera de las personas con discapacidad”, en el que aborda las características y áreas de oportunidad dentro del uso de servicios financieros para las personas que presentan una o más condiciones de discapacidad. Cabe mencionar que en el documento se hace un análisis desarrollado por la Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Consultoría en TIC y Discapacidad, al marco del programa “Iniciativa Agenda 2030” a través de una encuesta a personas con discapacidad y su relación con servicios financieros.
Acorde con este documento, el 95% de la población encuestada ha tenido al menos un producto financiero (cuenta bancaria, crédito, seguro o afore) siendo la cuenta bancaria la que mayor cobertura tiene actualmente (9 de cada 10 personas encuestadas), esto puede deberse a la necesidad de mantener los recursos monetarios en condiciones seguras de almacenamiento y con facilidad de disposición. En segundo lugar, se encuentra la cuenta de afore con una cobertura del 58%, en este sentido debemos ir más allá del simple hecho de contar con ella, el verdadero trasfondo se da cuando analizamos que el principal catalizador para tener una cuenta de afore es laborar o haber laborado, así al generar más y mejores condiciones laborales en formalidad, se puede aportar al uso de servicios financieros. Dentro de la población encuestada, el 60% manifestó contar con un trabajo formal, mientras el 11% lo realiza de manera informal. Así la pregunta obligada es ¿cómo llegar a un mercado laboral pleno para las personas con discapacidad? Uno que pueda apoyar a la inclusión y desenvolvimiento del personal, a través de políticas, medidas e infraestructura necesaria.
Dentro del ámbito crediticio, el 55% de la población encuestada cuenta con un crédito formal, no necesariamente son malas noticias, ya que en ocasiones las personas optan por financiarse de manera informal a partir de préstamos con amigos y familiares, o empeñando bienes. Dentro de las limitaciones para no contar con un producto de crédito, la principal radica en el incumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes. Si bien ya existen iniciativas (especialmente en financiamiento a vivienda), es importante trabajar en medidas que permitan conceder financiamiento a las personas con discapacidad, trabajar en asociaciones que abran las puertas al otorgamiento de créditos que no necesariamente pongan en riesgo el capital otorgado. Un claro ejemplo es la iniciativa del denominado Préstamo Dependencia en España (de un banco que también cuenta con presencia en México), mismo que consistía en préstamos a personas con discapacidad o de tercera edad con montos de hasta 3 mil euros, tasa de interés del 0%, sin comisiones y en plazos de hasta 3 años. ¿Viable? Soy fiel creyente de que podemos hacer que las condiciones se den y con ello mejorar la calidad de vida de la población.
En término del sector asegurador, los resultados son menos alentadores, pero con una mayor área de oportunidad. Únicamente el 42% de la población encuestada cuenta con uno, no es una cifra extraña derivado de los altos costos que podrían tener a partir de cómo se calcula la prima de un seguro en términos de probabilidad de un suceso. De acuerdo con la OMS, las personas con discapacidad tienen dos veces más riesgo de desarrollar afecciones como depresión, asma, diabetes, obesidad, problemas de corazón o problemas de salud bucodental. Lo que encarece el costo de una prima de seguros. Ante esto ¿cuál sería el mejor escenario? Alta inversión en el sector salud, asociaciones público-privadas que permitan mejorar el acceso a servicios médicos y tratamientos de mayor número de población. Los esfuerzos han dado grandes resultados, pero el camino aún es largo para garantizar una cobertura universal, especialmente en las localidades con mayor marginación en el país.
Dentro de la información presentada, se observa un claro abanico de áreas de oportunidad para las instituciones, con el fin de generar una mayor inclusión, dotada de calidad y buscando la accesibilidad para cualquier persona que requiera un servicio financiero. La capacitación constante de las instituciones hacia las necesidades de la población con discapacidad, el brindar materiales, canales de consulta, contratación y transacción con mayor accesibilidad es uno de los principales retos a afrontar. No es un camino sencillo, pero como rezaba Lao-Tse: “Todo viaje de mil millas comienza con el primer paso”. Socialmente somos parte de un ecosistema en constante movimiento y es nuestro deber como generadores de cambio aportar nuestro grano de arena en la búsqueda de una sociedad más incluyente.
