Gobierno mexicano quedó fuera del pacto
Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán López, afirmó que las autoridades mexicanas no participaron en el acuerdo judicial alcanzado entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos. Según explicó, el proceso fue manejado exclusivamente por las instancias legales estadounidenses, por lo que calificó de “absurdo” pensar que México debió intervenir en las negociaciones.
Lichtman respondió así a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había expresado que el gobierno mexicano debería haber estado al tanto del proceso legal. El abogado consideró que esa postura refleja una expectativa equivocada sobre cómo funciona la justicia estadounidense. “No soy representante de ningún gobierno. Solo defiendo a mis clientes dentro del marco legal. Pensar que Estados Unidos iba a consultar a México sobre este acuerdo es una idea fuera de lugar”, dijo.
Cita el caso Cienfuegos como ejemplo de tensiones
El defensor recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos pero luego devuelto a México, donde fue exonerado. Según Lichtman, ese episodio dejó clara la desconfianza entre ambos países y consideró que en aquel momento se acusó injustamente a la DEA de fabricar pruebas, lo cual, dijo, también fue un error.
La FGR responde y acusa oportunismo
Tras las declaraciones del abogado, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que rechazó sus dichos, calificándolos como infundados y motivados por el oportunismo mediático. Afirmó que cualquier acusación debe ir acompañada de pruebas y que quienes tengan conocimiento de delitos están legalmente obligados a denunciarlos.
La FGR recalcó que ha actuado en estricto apego a la ley en el caso de Ovidio Guzmán y que continúa disponible para recibir cualquier denuncia formal, tanto en territorio mexicano como a través de sus representaciones diplomáticas en Estados Unidos.
Extradición y colaboración judicial
Ovidio Guzmán fue detenido en septiembre de 2023 por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y extraditado poco después a Estados Unidos. Durante el operativo, diez militares perdieron la vida.
Ya en Estados Unidos, fue acusado de varios delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Este viernes, tras múltiples audiencias y acuerdos judiciales, se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó colaborar con las autoridades como testigo en otros procesos contra integrantes del crimen organizado.
La Fiscalía estadounidense propuso una pena de cadena perpetua y el pago de 80 millones de dólares como parte del acuerdo. La FGR subrayó que estos avances fueron posibles gracias a la actuación de las autoridades mexicanas, desde la emisión de órdenes de captura hasta su entrega a las autoridades norteamericanas.
