- Latinus difundió videos en los que José Alfredo Hernández Casillas advierte que tiene información resguardada en Europa, Estados Unidos y Canadá.
- Las conversaciones incluyen señalamientos sobre 62 plazas del INE y la presunta contratación de una masajista personal de una exfuncionaria.
- Las revelaciones coinciden con el bloqueo de cuentas de proveedores electorales y la solicitud de una auditoría a los contratos del instituto.
Contratista advierte que revelará información sobre Taddei
El periodista Carlos Loret de Mola presentó en Latinus nuevas grabaciones que muestran el deterioro de la relación entre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor vinculado con la empresa Cajas Graf.
Según la investigación, Hernández Casillas grabó conversaciones y resguardó algunos materiales en el extranjero como protección ante posibles represalias.
En uno de los videos, el empresario asegura que tiene declaraciones y documentos en Europa, Estados Unidos y Canadá. También advierte a Taddei que, si algo le sucede, podría divulgar información que la comprometería a ella y al INE.
Conversaciones exponen un asunto confidencial de Gobernación
Otra grabación muestra un desacuerdo relacionado con la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la conversación, Hernández Casillas reclama que se rompió un acuerdo para mantener el asunto en secreto y expresa su inconformidad por la difusión de información.
Sin embargo, los videos no revelan de qué tema se trataba ni quiénes participaron en el supuesto acuerdo.
Señalan presuntas irregularidades en 62 plazas del INE
Las grabaciones también incluyen conversaciones sobre 62 plazas relacionadas con Iliana Araceli Hernández Gómez, exfuncionaria del organismo electoral.
Hernández Casillas asegura que únicamente reconoce dos de esas posiciones y rechaza que todas estuvieran bajo su control. También menciona que algunas fueron dadas de baja en diciembre.
La investigación periodística señala a la exfuncionaria por presuntos vínculos con una red de irregularidades relacionada con proveedores del instituto.
Acusan contratación de masajista de una exfuncionaria
En otro fragmento, el empresario afirma que Iliana Hernández habría contratado en el INE a una mujer que anteriormente le proporcionaba servicios de masajes.
Según su versión, ambas se conocieron cuando la exfuncionaria trabajaba en Oaxaca y posteriormente la incorporó a la estructura del organismo electoral.
Hernández Casillas sostiene que la mujer continúa trabajando en el instituto y pide investigar su contratación.
UIF bloquea cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores electorales
El 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a 40 personas a su Lista de Personas Bloqueadas: 25 físicas y 15 morales.
La medida respondió a operaciones financieras que presentaban elementos de riesgo y que requieren investigación.
Aunque versiones periodísticas señalaron que Guadalupe Taddei y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas estarían entre los afectados, la UIF no confirmó sus identidades debido al carácter reservado de la información.
La dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El bloqueo de cuentas es una medida preventiva y no representa una declaración de culpabilidad.
INE solicita a la ASF revisar contratos de 2016 a 2026
El 5 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
La propuesta contempla conservar documentos, revisar el padrón de proveedores y establecer mecanismos para recibir denuncias sobre posibles irregularidades.
La consejera Carla Humphrey respaldó la medida y pidió que todos los contratos sean examinados sin excepciones.
Además, el instituto aprobó acciones para garantizar la continuidad de los servicios y contratos necesarios para organizar las elecciones federales de 2027.
Las nuevas grabaciones amplían los señalamientos sobre presuntas amenazas, posibles irregularidades en la asignación de plazas y relaciones entre proveedores y funcionarios del INE, mientras avanzan las investigaciones financieras y la revisión de contratos.
