- La Auditoría Superior de la Federación denunció ante la FGR una presunta triangulación de recursos públicos por 928.13 millones de pesos.
- Las operaciones habrían involucrado a varias empresas intermediarias antes de que el dinero llegara a Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con Samuel García y su padre.
- El gobernador de Nuevo León rechazó las acusaciones y aseguró que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.
Gobernador asegura que no tiene nada que ocultar
Samuel García Sepúlveda afirmó que está abierto a las investigaciones sobre las presuntas transferencias de recursos estatales a un despacho jurídico relacionado con él y su familia.
En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario retomó un video difundido el 21 de septiembre, en el que respondió a los señalamientos y mostró documentos de revisiones realizadas por distintas autoridades.
Según García, instancias federales y estatales, así como fiscalías de Puebla y Nuevo León, concluyeron que no existían elementos para acreditar irregularidades o una triangulación ilegal de recursos.
El gobernador sostuvo que las acusaciones ya habían sido revisadas anteriormente y reiteró que su administración está dispuesta a atender los requerimientos de las autoridades.
ASF lleva el caso ante la Fiscalía General de la República
La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos del gobierno de Nuevo León.
De acuerdo con los señalamientos, cuatro transferencias realizadas desde la administración estatal habrían terminado en Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
El monto identificado asciende a 928.13 millones de pesos. Corresponderá a la FGR investigar las operaciones y determinar si existieron delitos o responsabilidades.
Empresas habrían funcionado como intermediarias
Una investigación periodística documentó movimientos financieros en los que distintas compañías recibieron recursos del gobierno estatal y posteriormente los transfirieron a otras empresas, hasta llegar al despacho jurídico.
Uno de los casos corresponde a Suministro MYR, proveedor de alimentos del gobierno de Nuevo León, que habría transferido recursos a Firma Jurídica y Fiscal en aproximadamente dos horas.
También se identificaron operaciones de TXAT Latam. El 5 de octubre de 2023, esta empresa recibió dos transferencias estatales por 20.6 millones de pesos. Al día siguiente, envió poco más de dos millones de pesos a Ferro & Méndez, compañía que habría transferido el dinero al despacho jurídico.
Días después, TXAT Latam realizó otras cinco transferencias por 5.8 millones de pesos a distintas empresas. Los recursos fueron concentrados en Operadora de Licencias y Franquicias, que posteriormente envió 2.9 millones de pesos a Ferro & Méndez. Ese mismo día, el dinero habría llegado a Firma Jurídica y Fiscal.
Revisan movimientos de una empresa contratista
Otro de los casos documentados involucra a Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA), contratista de obras carreteras en Nuevo León.
Según los registros citados en la investigación periodística, el 7 de julio de 2023 la compañía recibió dos transferencias del gobierno estatal por 38.6 millones de pesos.
De ese monto, 7 millones 429 mil 104 pesos fueron enviados a uno de sus socios, quien transfirió la misma cantidad a otra empresa del grupo. Diez minutos después, los recursos habrían sido enviados al despacho relacionado con el gobernador.
Estas operaciones forman parte de los señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades para establecer si hubo desvío de recursos públicos y determinar quiénes serían responsables.
