- La periodista pidió la pena máxima contra el exgobernador de Puebla por la tortura que denunció tras su detención en diciembre de 2005.
- Mario Marín rechazó las acusaciones y solicitó su absolución, al argumentar que no existen pruebas que demuestren que ordenó las agresiones.
- La audiencia de alegatos finales concluyó sin sentencia. La jueza encargada del caso revisará el expediente antes de emitir su resolución.
Cacho reclama justicia por la tortura que denunció
A más de 20 años de los hechos, la periodista Lydia Cacho exigió que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, reciba la pena máxima por la tortura que, según denunció, sufrió durante su detención en diciembre de 2005.
La petición fue presentada el jueves 29 de octubre durante la audiencia pública de alegatos finales, realizada de manera virtual ante la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo.
Cacho participó desde Quintana Roo, mientras que Marín compareció desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido. Durante la diligencia, ambos expusieron sus argumentos ante la autoridad judicial.
La periodista sostuvo que el exmandatario utilizó el poder público para castigarla por sus investigaciones sobre una presunta red de explotación sexual infantil. Afirmó que su caso representa una lucha colectiva contra la impunidad y el uso de las instituciones para proteger intereses criminales.
Además de solicitar la pena máxima, pidió que Marín ofrezca una disculpa pública tanto a ella como a la sociedad poblana, como parte de la reparación integral del daño.
El exgobernador niega haber ordenado las agresiones
Durante su intervención, Mario Marín rechazó los señalamientos y aseguró que no existen pruebas materiales que acrediten que ordenó la detención y tortura de la periodista.
Su abogada, Pamela Ramírez Cruz, sostuvo que la acusación se basa en inferencias y conjeturas. También cuestionó la validez de las grabaciones telefónicas difundidas en 2006, en las que el entonces gobernador conversó con el empresario Kamel Nacif sobre la detención de Cacho.
La defensa argumentó que las expresiones utilizadas en esas llamadas no demuestran que Marín hubiera dado instrucciones para torturarla. Asimismo, cuestionó que los daños físicos y psicológicos denunciados por la periodista fueran consecuencia de actos de tortura.
Al concluir su exposición, el exmandatario pidió que se le declare inocente y se ordene su libertad.
Representación legal de Cacho defiende las pruebas del caso
Araceli Andrade, asesora jurídica de Lydia Cacho, rechazó los argumentos de la defensa y afirmó que no era necesario contar con una orden escrita del exgobernador para demostrar su posible responsabilidad.
La abogada sostuvo que las grabaciones telefónicas tienen validez judicial y que el análisis del contexto permitió relacionar los distintos elementos del expediente para acreditar, desde la perspectiva de la acusación, la participación de autoridades en los hechos.
Por su parte, Cacho recordó que Marín reconoció públicamente ser una de las personas que aparecen en las conversaciones con Kamel Nacif. También cuestionó que la defensa intentara desvincular las llamadas de su detención.
La publicación de un libro originó el conflicto
El caso se remonta a 2004, cuando Lydia Cacho publicó Los demonios del Edén, libro en el que documentó la existencia de una presunta red de pornografía y explotación sexual infantil con operaciones en Cancún. En su investigación señaló, entre otros personajes, al empresario Jean Succar Kuri.
En diciembre de 2005, agentes judiciales de Puebla detuvieron a la periodista en Cancún y la trasladaron por carretera a esa entidad. El recorrido duró más de 20 horas. Durante el trayecto, Cacho denunció haber sufrido agresiones físicas y psicológicas.
En febrero de 2006 se difundieron conversaciones telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif, en las que hablaron sobre la detención de la comunicadora. Las grabaciones se convirtieron en uno de los elementos centrales del proceso judicial.
El exgobernador fue detenido en 2021, después de permanecer prófugo de la justicia. Otras personas señaladas en el caso también enfrentaron procesos judiciales, aunque algunas obtuvieron su libertad.
La resolución judicial continúa pendiente
Con la presentación de los alegatos finales concluyó esta etapa del proceso. La jueza María José Pech Sáenz informó que analizará los argumentos de ambas partes y el expediente, integrado por 66 tomos, antes de emitir una resolución.
La juzgadora señaló que dará a conocer su decisión a la brevedad, de acuerdo con las cargas de trabajo del juzgado. Por ahora, no existe una fecha definida para la sentencia que determinará la responsabilidad penal de Mario Marín.
