- Votación unánime: La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos una reforma para castigar específicamente el reclutamiento de personas con fines criminales.
- Sanciones más severas: Las penas serán de 10 a 20 años de prisión y podrán aumentar de 15 a 25 años cuando se utilicen amenazas, violencia, coacción o abuso de poder.
- Protección a menores: El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado. La reforma fue enviada al Senado para continuar su proceso legislativo.
Crean un delito específico para combatir el reclutamiento criminal
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos, una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de fortalecer las herramientas legales contra el reclutamiento de personas para incorporarlas a grupos delictivos.
La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión, además de multas, para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas con el objetivo de integrarlas a organizaciones criminales o involucrarlas en actividades delictivas.
Cuando estas conductas se cometan mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las sanciones aumentarán de 15 a 25 años de cárcel.
El dictamen también contempla agravantes cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean personas migrantes o los responsables sean servidores públicos o integrantes y exintegrantes de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas, conforme a los supuestos previstos en la reforma.
Legisladores buscan eliminar obstáculos legales
Durante la discusión, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo explicó que la falta de una figura penal específica había dificultado la identificación, investigación y sanción del reclutamiento criminal.
Señaló que estos hechos suelen investigarse bajo otros delitos, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. Esta situación, advirtió, puede dividir las investigaciones y dificultar que se identifique y castigue directamente a quienes captan personas para grupos criminales.
Por su parte, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la reforma busca establecer reglas claras para facilitar la actuación coordinada de las autoridades federales y estatales.
Añadió que las investigaciones podrán iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento de hechos que puedan constituir este delito, sin que sea indispensable esperar una denuncia de la víctima.
Falsas ofertas de trabajo y amenazas, entre los métodos de captación
Durante el debate, legisladores alertaron sobre las distintas estrategias utilizadas por grupos criminales para reclutar personas, entre ellas anuncios engañosos, ofertas de empleo falsas, publicaciones en redes sociales, amenazas y violencia.
El diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas sostuvo que es necesario perseguir a quienes organizan y ejecutan estas prácticas, además de garantizar atención y protección a las víctimas.
También destacó las consecuencias que enfrentan las familias cuando desconocen el paradero de sus hijos y no cuentan con información sobre su situación.
Advierten sobre el reclutamiento de niñas y niños
La diputada del PT Lilia Aguilar Gil alertó que el reclutamiento forzado afecta a entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas.
Al referirse a Chihuahua, señaló que incluso menores de siete años pueden ser incorporados a actividades relacionadas con grupos criminales, como la siembra de amapola en zonas serranas.
La legisladora sostuvo que las niñas, niños y adolescentes reclutados mediante amenazas, violencia o coacción deben ser reconocidos como víctimas y no ser tratados automáticamente como responsables de actividades delictivas.
Durante la discusión también se mencionaron estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF, según las cuales entre 145 mil y 255 mil menores de edad están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos criminales.
La reforma será revisada por el Senado
Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue enviado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
El dictamen establece, además, un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus leyes con las nuevas disposiciones.
Con estos cambios, los legisladores buscan fortalecer la persecución del reclutamiento criminal, mejorar la coordinación entre autoridades y ampliar la protección de las personas que son captadas por organizaciones delictivas.
