- La FGR sostiene que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna formaban parte de una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, con operaciones que involucraban importación, traslado, almacenamiento y distribución de combustible.
- Durante un cateo en una bodega presuntamente rentada por Manuel Roberto Farías en Ciudad de México fueron localizadas armas, expedientes navales y documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales.
- La Fiscalía afirma que la red utilizaba empresas legalmente constituidas, compañías fachada y triangulaciones financieras para dar apariencia legal a los ingresos obtenidos mediante la comercialización del combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones por el llamado “huachicol fiscal” han permitido identificar una presunta estructura criminal en la que estarían involucrados los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”.
De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, la investigación apunta a que la operación no habría sido responsabilidad de un solo contrabandista, sino de una red con capacidad para introducir, transportar, almacenar y distribuir hidrocarburos de manera ilegal en México.
La Fiscalía relaciona esta estructura con el aseguramiento, en 2025, de un buque localizado en Puerto Altamira, Tamaulipas, que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel.
Cateo revela armas y documentos reservados
Como parte de las investigaciones, la FGR cateó una bodega ubicada en Ciudad de México que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna.
En el inmueble fueron encontrados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).
También se localizaron documentos que la Fiscalía identificó como información de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, además de armas que presuntamente no contaban con el registro correspondiente.
Hasta el momento, la FGR no ha revelado públicamente el contenido específico de los documentos asegurados ni ha precisado qué información contienen.
FGR acusa influencia en aduanas y la Marina
Ernestina Godoy afirmó que los hermanos Farías y sus presuntos cómplices habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.
Según la fiscal, Manuel Roberto Farías habría tenido una participación directa en la gestión de algunos de esos nombramientos y promociones.
La hipótesis de la Fiscalía es que esta estructura habría permitido establecer una red de complicidades para facilitar el ingreso de los cargamentos de hidrocarburos al país.
Así habría operado el esquema de contrabando
De acuerdo con la explicación de la FGR, los buques utilizados por la organización partían principalmente de Texas, Estados Unidos, con cargamentos de hidrocarburos.
Para modificar el tratamiento fiscal de los productos, el combustible presuntamente era declarado como aceite o aditivo.
La Fiscalía sostiene que servidores públicos y agentes aduanales involucrados recibían pagos a cambio de permitir el ingreso de los embarques.
Las inspecciones, cuando se realizaban, presuntamente eran superficiales o simuladas. La red habría recurrido además a reportes de volúmenes manipulados y otras maniobras para conseguir que el combustible fuera liberado sin una revisión adecuada.
La FGR también señaló que se establecían horarios de llegada y mecanismos para desactivar cámaras de vigilancia, con el objetivo de evitar que quedara registro de las descargas.
Empresas fachada habrían ocultado los ingresos
Una vez que el combustible llegaba a territorio mexicano, su distribución se realizaba mediante tres empresas constituidas legalmente.
Sin embargo, según la investigación, detrás de esas compañías operaba una red de empresas fachada y triangulaciones financieras que presuntamente permitía ocultar el origen de los recursos y dar apariencia legal a las ganancias obtenidas por la venta del hidrocarburo.
Las autoridades identificaron operaciones relacionadas con esta investigación en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
La FGR indicó que continúa siguiendo el rastro de accionistas, representantes legales y otras personas que presuntamente participaron en las distintas etapas de la operación.
Investigación apunta a una estructura más amplia
Godoy señaló que los indicios obtenidos hasta ahora son valorados por el Poder Judicial y forman parte de una investigación que busca determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.
La fiscal subrayó que la posible participación de algunos integrantes de la Marina no significa que la institución en su conjunto esté involucrada en actos de corrupción.
“La responsabilidad es individual”, sostuvo, al señalar que cualquier persona que haya utilizado un cargo público, un uniforme o una posición dentro de una aduana para favorecer actividades ilícitas deberá responder ante la justicia.
También destacó el seguimiento que, según dijo, ha dado el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a las investigaciones.
El antecedente del buque asegurado en Altamira
La FGR recordó que las investigaciones comenzaron a partir de información que, en 2024, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, habría presentado ante la Fiscalía sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución.
Ese proceso derivó posteriormente en una de las principales acciones contra el contrabando de hidrocarburos: el aseguramiento de un buque con alrededor de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
La Fiscalía considera que ese caso permitió ampliar las indagatorias y detectar una estructura presuntamente dedicada de manera sistemática al llamado huachicol fiscal.
Los hermanos Farías permanecen bajo proceso
Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones vinculadas con hidrocarburos.
Ambos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
La investigación continúa abierta y la FGR mantiene como uno de sus objetivos identificar a otros posibles participantes y determinar el alcance de la estructura que presuntamente permitió el ingreso y comercialización ilegal de combustibles.
Es importante señalar que las acusaciones y los señalamientos expuestos por la Fiscalía forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales correspondientes.
