- Morena acusa a la alcaldesa de actuar sin sustento legal
- Alessandra Rojo argumenta que respondió a demandas vecinales
- Citlalli Hernández y Rojo de la Vega intercambian acusaciones en redes
Denuncian retiro sin autorización
Diputados de Morena acusaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de retirar de manera ilegal las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro instaladas en el Jardín Tabacalera. Señalaron que ambas esculturas contaban con permisos vigentes desde 2020, otorgados por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP).
El vocero morenista Arturo Ávila calificó la acción como “un acto de vanidad” y afirmó que representa un agravio a la historia y a la cultura. Anunció que promoverán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir su reinstalación.
Justificación de la alcaldesa
Rojo de la Vega defendió su decisión, afirmando que no existía documentación completa para la instalación de las esculturas y que no contaban con cédula oficial del COMAEP. Explicó que retirarlas fue una respuesta a múltiples solicitudes vecinales que pedían recuperar el uso del parque y las banquetas.
Según la alcaldía, más de 15 mil personas firmaron una petición para retirar las figuras, argumentando que representan valores contrarios a los derechos humanos y a la vocación democrática de la ciudad.
Choque entre funcionarias
La secretaria de Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, criticó la decisión y acusó a Rojo de actuar con una “agenda trastornada de derecha”. En respuesta, la alcaldesa señaló que las dictaduras son condenables sin importar su orientación política y afirmó que “un asesino lo es, venga de donde venga”.
Además, Rojo acusó a Morena de encubrir a personajes ligados a abusos cuando les conviene políticamente y cuestionó el silencio de figuras como Adán Augusto López ante señalamientos graves contra exfuncionarios cercanos.
Tensión política en aumento
El retiro de las estatuas provocó reacciones divididas entre ciudadanos y actores políticos. Mientras unos ven en la acción una respuesta a la demanda ciudadana, otros consideran que fue una decisión arbitraria con motivaciones ideológicas. El tema sigue escalando en el debate público y legislativo.
