El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), encabezado por la excandidata presidencial Luisa González, denunció este lunes presuntas “irregularidades” en la segunda vuelta electoral celebrada el 13 de abril, en Ecuador en la que resultó electo el presidente Daniel Noboa. La agrupación no presentó pruebas, pero exigió una “investigación inmediata e independiente” y pidió el recuento de votos.
Luisa González, quien quedó en segundo lugar con el 44.35 % de los votos frente al 55.65 % obtenido por Noboa, declaró que el país vivía “una dictadura” y “el fraude más grotesco de su historia”. Además, exigió la apertura de las urnas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había procesado más del 90 % de las actas y reportaba una diferencia superior al millón de votos.
A pesar de estas acusaciones, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, avaló los resultados y el desempeño técnico del CNE. En un comunicado, la OEA confirmó que sus observadores —más de 80 desplegados en el país— validaron que los datos del conteo coincidían con sus propios registros.
Por su parte, Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que habló de un supuesto “fraude electoral sistemático”, alegando que miles de votos de su candidata “desaparecieron” y que se registraron aumentos “estadísticamente imposibles” en favor de Noboa. También acusó la existencia de actas sin firma legal que contenían únicamente resultados a favor del presidente electo.
Otra de sus quejas fue la prohibición del uso de teléfonos móviles durante el voto, medida implementada por el CNE a solicitud del gobierno. Según el correísmo, esa restricción tuvo como fin evitar que los votantes registraran visualmente su elección. No obstante, la medida no aplicaba a observadores ni a representantes de partidos políticos.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, defendió la decisión del CNE y aseguró que esta sirvió para “proteger la voluntad libre del votante” y evitar posibles casos de coacción. Recordó que, tras la primera vuelta, Daniel Noboa denunció que algunos grupos habrían extorsionado a ciudadanos para votar por González, pidiéndoles evidencia fotográfica del sufragio.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, fue señalada por RC de “manipular la percepción ciudadana” al anunciar resultados preliminares antes del cierre oficial del conteo. Sin embargo, cuando la funcionaria comunicó las cifras, más del 90 % de las actas ya estaban procesadas y la tendencia se consideraba irreversible.
El gobierno ecuatoriano reiteró que no existen fundamentos para dudar de la validez de los resultados. “Nuestra prioridad es cuidar la democracia y garantizar un proceso electoral libre, sin presiones ni amenazas”, afirmó De la Gasca.
