- El Tribunal Constitucional sostiene la validez de la pena capital.
- Se pide que la aplicación se restrinja a delitos de extrema gravedad.
- La opinión pública taiwanesa mantiene un fuerte apoyo a la pena de muerte.
El Tribunal Constitucional de Taiwán ha emitido un fallo que ratifica la constitucionalidad de la pena de muerte, un castigo que continúa aplicándose en la isla y que cuenta con un considerable respaldo popular. A pesar de esto, el tribunal ha solicitado que se restrinja su uso a los crímenes más graves, manteniendo la posibilidad de su aplicación en casos excepcionales.
En su decisión, el tribunal, con el respaldo de doce de sus quince miembros, desestimó las solicitudes de abolición presentadas por 37 condenados a muerte. Estos argumentaban que la pena capital violaba derechos garantizados en la Constitución, específicamente el derecho a la existencia y a la propiedad privada.
El fallo define el homicidio intencional como el delito más grave que afecta el derecho a la vida y establece que la pena de muerte es la máxima sanción aplicable en circunstancias extremas, siempre que se respeten los procedimientos legales adecuados. No obstante, el tribunal también reconoció que el Código Penal de Taiwán no distingue la gravedad de las circunstancias en delitos de homicidio, lo que podría considerarse inconstitucional.
La decisión refleja una postura social en Taiwán, donde cerca del 86 % de la población se opone a la abolición de la pena de muerte, según un estudio reciente. En la actualidad, 45 personas están en el corredor de la muerte, incluidas ocho con sentencias que aún están en apelación.
