- Human Rights Watch exige que se haga pública toda la documentación electoral antes de reconocer los resultados.
- La organización denuncia irregularidades en la proclamación de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral.
- Diversos gobiernos y organismos internacionales han expresado sus reservas, mientras Venezuela responde con medidas diplomáticas.
Solicitud de no reconocimiento
Human Rights Watch (HRW) ha solicitado a los Gobiernos de todo el mundo que eviten reconocer la reciente victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas hasta que se publiquen todas las actas electorales. La organización argumenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, al anunciar a Maduro como ganador con un 80 % de los votos, ha ignorado las disposiciones legales que exigen la publicación completa de las actas y su comunicación a la oposición.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, calificó la proclamación del CNE como un acto “descarado que vulnera los derechos políticos de todos los venezolanos”. Goebertus enfatizó que, de acuerdo con la legislación venezolana, las victorias electorales deben ser declaradas solamente después de que se hayan hecho públicas las actas y se hayan comunicado a la oposición. Por lo tanto, la comunidad internacional debe emplear todas las herramientas diplomáticas disponibles para asegurar que el conteo de votos se realice de manera justa y transparente.
Las naciones manifiestan desacuerdo
La declaración de HRW refleja las inquietudes expresadas por diversos gobiernos y organizaciones internacionales, incluidos los de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, quienes han manifestado reservas sobre los resultados. En respuesta a estas críticas, el Gobierno venezolano ha ordenado la retirada inmediata de los representantes de estos países de su territorio, acusándolos de realizar acciones y declaraciones injerencistas sobre las elecciones presidenciales.
El Ejecutivo venezolano ha manifestado su firme rechazo hacia lo que considera “acciones injerencistas” y ha prometido tomar medidas para proteger su “derecho inalienable a la autodeterminación”. Además, el Gobierno acusó a estos países de estar subordinados a Washington y comprometidos con ideologías extremas, afirmando que enfrentará cualquier acción que ponga en riesgo la paz y la convivencia en el país.
La situación sigue desarrollándose, y la comunidad internacional observa de cerca cómo se resolverán las disputas en torno a la legitimidad de los resultados electorales en Venezuela.