Este domingo 16 de junio, el vehículo en el que viajaba Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue atacado a tiros en Jamundí, una zona del suroeste del país afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Según informaron las fuerzas militares, no hubo heridos en el ataque.
El incidente se produjo en el sector de Timba, en el municipio de Jamundí, situado a 318 kilómetros al sur de Bogotá. El vehículo recibió cuatro impactos de bala, pero no hubo “ninguna consecuencia que lamentar”, según indicó un comunicado oficial.
Las fuerzas de seguridad se movilizaron rápidamente, evacuando a Márquez Trujillo en helicóptero desde el departamento del Valle del Cauca hacia la ciudad de Cali. Además, se reforzó la presencia militar en la zona para apoyar las operaciones contra los grupos criminales mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.
La vicepresidenta Francia Márquez expresó su dolor y preocupación por el ataque a través de la red social X: “Me duele el corazón que justo en este día hayan atentado contra mi padre”. Afortunadamente, tanto su padre como su sobrino de 6 años y dos guardias de seguridad que también viajaban en el vehículo, salieron ilesos y se encuentran bien.
La vicepresidenta destacó la grave situación de inseguridad que se vive en las regiones del Cauca y Valle del Cauca. Solo cuatro días antes, un automóvil explotó en Jamundí, aunque sin causar víctimas. El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X, mostrando su solidaridad con la vicepresidenta y solicitando una investigación exhaustiva del incidente.
La presidencia de Colombia condenó enérgicamente el ataque en un comunicado, calificándolo como una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Además, consideró “inaceptable” que los grupos armados usen la “violencia desproporcionada y el terror como herramienta de guerra” y reiteró el compromiso del gobierno de continuar con la ofensiva militar en la zona.
Jamundí, ubicado en el suroeste de Colombia, es una región estratégica para los grupos armados ilegales debido a sus plantaciones de hoja de coca, materia prima para la cocaína, y su conexión con el puerto de Buenaventura y otros municipios conflictivos como Buenos Aires y Suárez. La Defensoría del Pueblo ya había alertado en febrero sobre el peligro que representa la presencia de estos grupos para la población local.
