Steven Kramer, un consultor político acusado de enviar llamadas automatizadas con una voz generada por inteligencia artificial que imitaba al presidente Joe Biden, compareció ante el tribunal de Nueva Hampshire. Kramer enfrenta cargos por suplantación de identidad y supresión de votantes antes de las primarias del estado.
Kramer, que también podría enfrentar una multa de 6 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), admitió haber enviado un mensaje a miles de votantes dos días antes de las primarias del 23 de enero. El mensaje, utilizando una voz de IA similar a la de Biden, afirmaba falsamente que votar en las primarias impediría votar en noviembre.
Fue acusado de 13 delitos graves por intentar disuadir a los votantes con información falsa y 13 cargos menores por suplantar a un candidato.
En la audiencia del miércoles, el fiscal general adjunto Brendan O’Donnell logró que se impusiera a Kramer una fianza de 10.000 dólares en efectivo, citando su frecuente viaje y propiedades en varios estados. El abogado de Kramer, Tom Reid, pidió una fianza de reconocimiento personal, destacando el historial de Kramer de presentarse a procedimientos reglamentarios. Reid argumentó que viajar mucho no implica que alguien vaya a huir.
Kramer no hizo comentarios al salir del tribunal, pero su abogado enfatizó que están revisando los cargos y negociando con la fiscalía.
Kramer, dueño de una empresa de captación de votantes, afirmó en febrero que no intentaba influir en las elecciones, sino alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial. Pagó 150 dólares a un mago para crear la grabación.
La supresión de votantes puede conllevar una pena de tres a siete años de prisión, mientras que suplantar a un candidato se castiga con hasta un año de cárcel.
Desde este incidente, la FCC ha reforzado las normas sobre el uso de IA en comunicaciones políticas, prohibiendo la clonación de voces en llamadas automatizadas y proponiendo que se informe sobre el uso de IA en anuncios.
Los cargos contra Kramer se anunciaron junto con una multa de 2 millones de dólares contra Lingo Telecom, la empresa que transmitió las llamadas. Lingo Telecom ha rechazado las acusaciones, llamando a la acción de la FCC un intento de imponer nuevas normas retroactivamente.
