El Senado ha aprobado un proyecto que permite al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibir bienes inmuebles como forma de pago de deudas acumuladas por cuotas obrero-patronales por parte de instituciones públicas. Esta medida se toma ante el incumplimiento de pagos por parte de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados, una problemática que se ha acentuado en la última década.
La reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) establece que el IMSS podrá aceptar inmuebles cedidos por entidades públicas para saldar adeudos o cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, este pago en especie estará sujeto a ciertas condiciones:
- Las propiedades no podrán utilizarse para pagar cuotas relacionadas con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
- Los inmuebles deben ser funcionales para las actividades del IMSS y no tener gravámenes ni procesos legales pendientes.
- La valoración de los inmuebles estará a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y el IMSS determinará el saldo de los créditos o el monto de las obligaciones a cubrir.
- El Consejo Técnico establecerá las bases y lineamientos para la incorporación de estas propiedades.
- En caso de un saldo a favor del ente público luego de liquidar los adeudos, este saldo podrá aplicarse a importes futuros, pero no podrá utilizarse para cubrir cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
La reforma, aprobada previamente por la Cámara de Diputados en noviembre de 2023, ha completado su proceso legislativo con la aprobación del Senado y ahora espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esta medida se considera necesaria debido a la complejidad que enfrenta el IMSS para cobrar adeudos de entidades públicas, dada la falta de recursos suficientes y la imposibilidad de embargar bienes públicos según el marco legal vigente.
El objetivo de esta reforma es fortalecer la capacidad del IMSS para hacer exigible el pago de cuotas obrero-patronales, ya sea por parte de empresas privadas o entidades públicas, mediante la aceptación de bienes inmuebles como forma de pago.
