La semana actual ha sido especialmente convulsa para el gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia, marcada por lo que varios analistas políticos y medios locales describen como “su mayor revés político” desde su llegada al poder.
La propuesta de reforma del sistema de salud, una de las piedras angulares de su programa, fue finalmente archivada en el Congreso luego de un prolongado debate político y público que se extendió por 14 meses.
Entre los aspectos más controvertidos de esta iniciativa se encontraba la intención de modificar el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), criticadas aseguradoras público-privadas que actúan como intermediarias entre el usuario y los servicios médicos.
Según Johnattan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard, Petro sostiene que estas entidades se apropian de recursos públicos y no son esenciales para el sistema.
Tras este revés legislativo, el gobierno de Petro se enfrenta a dos opciones: apelar la decisión o presentar una alternativa. Mientras tanto, en un movimiento que algunos ven como una muestra de fuerza tras el fracaso de su reforma original, el gobierno intervino dos de las EPS más grandes del país, alegando problemas financieros y riesgos para los servicios de salud.
Aunque la Superintendencia Nacional de Salud asegura que estas medidas buscan “salvar el sistema” sin afectar los servicios ni el empleo, generan incertidumbre y cuestionamientos sobre el sistema de salud colombiano.
El Funcionamiento del Sistema de Salud en Colombia
El sistema de salud colombiano, vigente desde 1993, se caracteriza por ser un modelo de competencia gestionada, según lo describe Ramón Abel Castaño Yepes, médico de la Universidad CES en Medellín.
Este modelo se sustenta en tres aspectos principales: financiación, gestión y prestación de servicios. En términos de financiación, Colombia cuenta con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que recauda recursos de impuestos y subsidios.
La gestión del sistema recae en gran medida en las EPS, que reciben un monto per cápita por cada afiliado de parte de la ADRES. Estas entidades, junto con las cajas de compensación y los regímenes exceptuados, contratan una red de prestadores (hospitales públicos o privados) para ofrecer servicios de salud.
En resumen, los ciudadanos acceden a los servicios de salud a través de las EPS, que autorizan el acceso a la atención médica según las necesidades del paciente.
