Representantes de seis organizaciones de derechos humanos han solicitado la derogación del régimen de excepción en El Salvador debido a las miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y las más de 240 muertes ocurridas en cárceles del país bajo custodia estatal.
Desde el inicio de la medida en marzo de 2022, aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, hasta marzo de 2024, las organizaciones han registrado 6,305 denuncias de violaciones a los derechos humanos con 16,289 hechos o afectaciones.
Estos datos fueron presentados como parte de un informe sobre el segundo año de implementación de la medida de excepción, que se ha convertido en la principal medida de seguridad del Gobierno.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), mencionó que el régimen de excepción es “una burbuja insostenible que nos da por un tiempo esta sensación de seguridad pero que en el fondo, por el carácter inmediato y represivo, no da para más”.
Por su parte, Nataly Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras, expresó preocupación por la posible “criminalización” de la labor de activistas por los derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, citando al menos 34 casos de detenciones de defensores de diferentes sectores.
Rina Monti, de Cristosal, indicó que en dos años de la implementación de la medida “persiste la criminalización de la juventud, lo que ha venido aumentado”. Más de 50% de las personas detenidas son jóvenes de entre 19 y 30 años, y se ha registrado un aumento en las capturas de adolescentes de 13 a 18 años, con 203 denuncias de detenciones de adolescentes.
De acuerdo con cifras oficiales, 79,184 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, que ha cumplido dos años de implementación y que ha sido denominado por Bukele como “guerra contra las pandillas”.
En cuanto al hacinamiento carcelario, las ONG estiman que aproximadamente 109,519 personas están privadas de libertad en El Salvador, lo que representa una tasa de 1,728 personas detenidas por cada 100,000 habitantes, la más alta a nivel mundial. Unos 12,500 detenidos están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y 97,019 en otras cárceles del país, lo que supone un 335% de hacinamiento carcelario.
