Durante su discurso anual sobre el estado del territorio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que el presupuesto para el próximo año fiscal alcanzará un hito histórico de 14.000 millones de dólares. Estos fondos se dedicarán a una amplia gama de iniciativas, desde el apoyo a la población de la tercera edad hasta la reducción de la violencia y el impulso de programas de energía solar.
En su intervención, que se extendió por más de una hora, Pierluisi destacó los logros de su administración en medio de desafíos económicos y ambientales. Si bien señaló una mejora en la economía puertorriqueña, reconoció que aún persisten dificultades, como la reestructuración de la deuda de la compañía eléctrica estatal, que asciende a 9.000 millones de dólares.
El gobernador también subrayó los esfuerzos de reconstrucción tras eventos devastadores como el huracán María en 2017 y los sismos posteriores en 2019. Aunque se han logrado avances significativos, Pierluisi admitió que aún queda mucho trabajo por hacer para satisfacer las necesidades de la población afectada.
Además de la inversión en infraestructura y servicios básicos, el presupuesto contempla medidas para abordar el envejecimiento de la población. Se destinarán recursos adicionales para mejorar el apoyo a los residentes de largo plazo en centros asistidos y para expandir las residencias para personas mayores.
En respuesta a las preocupaciones sobre la infraestructura vial, Pierluisi anunció el lanzamiento de una plataforma en línea donde los ciudadanos podrán informar sobre problemas como socavones y puentes dañados.
El gobernador también reiteró su llamado a obtener el estatus de estado para Puerto Rico, argumentando que los ciudadanos aún enfrentan discriminación en diversos programas federales. Aunque sus anuncios fueron recibidos con entusiasmo por algunos, la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico tendrá la última palabra sobre el presupuesto y su asignación.
La junta, establecida en respuesta a la crisis de deuda de la isla en 2015, tiene la responsabilidad de garantizar una gestión fiscal responsable y equitativa.
