En un fallo que afecta a narcotraficantes de baja escala, la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido mantener las penas obligatorias de prisión para ciertos casos, como parte de un análisis sobre la justicia penal durante la administración de Trump.
La resolución surge a raíz del caso de Mark Pulsifer, residente de Iowa condenado por distribuir al menos 50 gramos de metanfetaminas, el cual generó un debate en los tribunales federales sobre la interpretación de una disposición de la Ley del Primer Paso de 2018.
Esta disposición, diseñada para eximir de penas obligatorias a narcotraficantes no violentos que cooperen con las autoridades, ha generado controversia respecto al significado de la palabra “y” en el texto.
Según datos de la Comisión Federal de Sentencias, alrededor de 6,000 personas condenadas por narcotráfico en el año fiscal 2021 podrían haber sido elegibles para penas reducidas.
El caso de Pulsifer ilustra la confusión en los tribunales sobre cómo interpretar esta disposición y si una sola condición es suficiente para determinar la inelegibilidad para una sentencia reducida.
Los abogados de Pulsifer argumentaron que las tres condiciones deben cumplirse para imponer la pena más larga, mientras que el gobierno sostuvo que una sola condición es suficiente.
Pulsifer, actualmente de 61 años, cumplía con dos de las tres condiciones y recibió una sentencia de 13 años y medio por delitos no relacionados. No se espera que salga de prisión antes de 2031.
Esta decisión de la Corte Suprema podría llevar al Congreso a revisar y modificar la ley en el futuro.