En un anuncio efectuado este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comunicó haber extendido invitaciones a diversas misiones de observación electoral para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los invitados se encuentra la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y la normativa constitucional y legal del país.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que las invitaciones se dirigieron también a organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, el Centro Carter y la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros.
Estas acciones, según Amoroso, reflejan el compromiso del CNE con las propuestas surgidas en el Acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023 y el Acuerdo de Caracas del 28 de febrero de 2024. Estos acuerdos incluyen disposiciones para la participación de observadores en el proceso electoral.
El documento de garantías electorales firmado en Barbados subraya la importancia de que las misiones de observación actúen “con estricto apego a la Constitución, la ley y los acuerdos suscritos con el Poder Electoral”. Además, destaca el derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e internacionales, siempre dentro del marco legal establecido.
Cabe recordar que en julio pasado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, expresó su rechazo a las misiones de observación electoral de la UE, calificándolas como “groseras” y “colonialistas”. Sin embargo, posteriormente matizó su posición, indicando que podrían aceptarse siempre que fueran técnicas y no politizadas.
Hace un mes, Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, manifestó la disposición de la UE para colaborar con Venezuela en su camino hacia la democracia, destacando la importancia de elecciones “libres, transparentes y justas” este año. Aunque reconoció los desafíos, incluida la inhabilitación de candidatos opositores, expresó la voluntad de la UE de apoyar el proceso democrático en el país.