El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, en colaboración con autoridades federales y estatales, llevó a cabo operativos en las principales vías del país durante el año 2023, resultando en el embargo de mercancía con un valor comercial estimado en más de 351 millones de pesos.
Este monto representa un incremento del 226% en términos reales en comparación con el año 2022, donde el valor de la mercancía confiscada fue de 102 millones de pesos.
Hasta el cuarto trimestre de 2023, se establecieron 107 puntos de verificación en áreas con mayor flujo vehicular que transporta mercancía de origen extranjero, abarcando el 31% del territorio nacional. Como parte de las medidas para combatir el contrabando, se llevaron a cabo 427 revisiones, incluyendo visitas domiciliarias profundas y rápidas, así como verificaciones de mercancías y vehículos de procedencia extranjera que no pudieron acreditar su legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional.
Además, se intensificó la fiscalización de empresas del régimen IMMEX, que representan el 38% de las importaciones totales de dicho régimen, especialmente en sectores como textil, confección, acero y aluminio.
La recaudación por actos de fiscalización en materia de comercio exterior ascendió a 86,046 millones de pesos, un incremento de 21,867 millones de pesos en términos reales con respecto a 2022, lo que representa un aumento del 27%.
Gracias a trabajos de inteligencia, se emitieron 99 órdenes de visitas domiciliarias en varios estados del país, dirigidas a empresas de sectores como confección, textil y artículos para fiesta, entre otros, de acuerdo con el artículo 42, fracción V, inciso e) del Código Fiscal de la Federación.
Adicionalmente, como parte de las medidas para combatir el comercio informal, se identificaron contribuyentes sujetos a suspensión del padrón de importadores, con 348 de las 400 solicitudes generadas siendo atendidas. Durante 2023, se iniciaron 622 actos de fiscalización dirigidos a 539 contribuyentes.
Estas acciones fortalecen la percepción de riesgo en la introducción de productos ilegales, fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitando la comercialización de productos que no cumplen con los requisitos de importación.
