En varias entidades mexicanas, como Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco, la privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento ha generado preocupaciones debido al aumento de tarifas, la escasez del recurso y la insatisfacción en la población.
En Quintana Roo y Puebla, las empresas a cargo de la administración del agua, Aguakán y Concesiones Integrales, respectivamente, enfrentan críticas por parte de diversos sectores debido a presuntos abusos y deficiencias en el servicio.
A pesar de la promesa de hacer más eficiente y sostenible el uso y manejo del agua mediante su mercantilización, los resultados no han cumplido con las expectativas. En muchos casos, los usuarios se ven obligados a pagar por servicios adicionales, como la entrega de agua en pipas, además de las tarifas establecidas.
La falta de acceso al líquido, especialmente entre la población de bajos recursos, contrasta con la otorgación de numerosas concesiones a particulares, empresas inmobiliarias, mineras, refresqueras y grandes productores, quienes controlan significativas cantidades de agua.
Defensores del medio ambiente sostienen que el interés de estos grandes consumidores es impulsar sus proyectos a expensas del carácter de bien común que posee este recurso natural.
Actualmente, lagos, lagunas, ríos y acuíferos se encuentran en niveles mínimos históricos, y se prevé que la situación empeore este año con una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, según expertos.
A pesar de la urgencia de abordar estos problemas, la aprobación de la Ley General de Aguas, que busca garantizar el derecho humano al agua, está pendiente en el Congreso de la Unión desde 2013. Este derecho está establecido en el artículo 4 de la Constitución Mexicana.
