Los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, quienes fueron liberados provisionalmente, han sido sujetos a restricciones que les prohíben acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos de la desaparición de los 43 normalistas.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la juez que ordenó la liberación estableció diversas medidas para sustituir la prisión preventiva y garantizar la presencia de los militares en el proceso judicial.
La juez tomó esta decisión después de que los militares, sin éxito, solicitaron revisar la medida cautelar. Posteriormente, obtuvieron una suspensión definitiva a través de un amparo, promovido por ellos mismos, que condujo a una nueva audiencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó la suspensión, aunque la institución liderada por Alejandro Gertz Manero acusó que los jueces federales involucrados en el caso favorecieron indebidamente a los acusados. La FGR anunció la apertura de una investigación contra los jueces por presuntos delitos contra la administración de justicia.
En respuesta a la impugnación de los militares, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó la realización de una audiencia para resolver sobre las medidas cautelares sin permitir argumentos o debates entre la FGR y la defensa.
En consecuencia, el CJF aclaró que, tras conceder la libertad provisional, la juez impuso restricciones adicionales a los militares. Además de la prohibición de acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos, deberán presentarse quincenalmente ante el juzgado de Distrito para firmar.
Para mantener su libertad, los militares deben proporcionar una garantía de 50 mil pesos y les está prohibido salir del país, debiendo entregar sus pasaportes al juzgado de Distrito que lleva el proceso penal.
Estos detalles se dieron a conocer después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) acusara el lunes al Poder Judicial de obstaculizar el proceso en el caso Ayotzinapa, alegando que sus prioridades no incluyen la búsqueda de la verdad y la justicia. La Segob señaló que la liberación de los militares favorece la hipótesis de que el gobierno federal protege al Ejército en este caso.
