La administración federal expresó su desacuerdo con la determinación del Poder Judicial en el caso Ayotzinapa, después de que una jueza ordenara la liberación de ocho militares vinculados al caso. La Fiscalía General de la República (FGR) también condenó la resolución.
La Secretaría de Gobernación respaldó la postura de la FGR y cuestionó la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes determinaron que los militares podrían llevar a cabo su proceso en libertad.
El Gobierno federal manifestó su percepción de que el Poder Judicial de la Federación (PJF), en el caso Ayotzinapa, no ha priorizado la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia, sino que ha obstaculizado el desarrollo del proceso. Se destacó que, bajo el amparo de pretextos procedimentales, el Poder Judicial no ha considerado adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
Asimismo, se recordó que el Poder Judicial liberó previamente a 62 personas argumentando torturas, sin actuar contra los presuntos torturadores, como en el caso de Tomás N., actualmente prófugo en Israel. También se mencionó un intento de cambiar las medidas cautelares del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo cual fue impedido gracias a la colaboración entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
El Gobierno federal alegó que la liberación de los ocho militares carece de fundamento legal y parece impulsada por motivos políticos, buscando favorecer la idea de que el Gobierno protege al Ejército. Esta acción, según el Gobierno, socava la reputación de una institución clave del Estado mexicano y perjudica el compromiso del presidente de llegar al fondo de los hechos.
El Gobierno de México considera el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado y, en consecuencia, solicitará a la FGR que revise las medidas cautelares, tomando en cuenta los riesgos y pruebas que llevaron a la jueza a ordenar prisión preventiva justificada el año pasado, medida que el tribunal colegiado ignoró. También se pedirá a la FGR que, de ser procedente, emita nuevas órdenes de aprehensión y agote todas las líneas de investigación.
