En relación con la propuesta de aumentar las pensiones en México, expertos financieros sostienen que tal medida generaría desafíos financieros, ya que el incremento tendría que ser respaldado por un mayor déficit o impuestos adicionales.
Marco Oviedo, estratega para América Latina del banco brasileño XP Investment, argumenta que una tasa de reemplazo del 100%, donde la pensión iguala el último salario del trabajador jubilado, no es viable en ningún país y representaría un considerable costo potencial para el gobierno.
“El impacto inicial es negativo, ya que financiar pensiones más altas requeriría un mayor déficit o impuestos adicionales, lo que, en última instancia, reduce el consumo y tiene un impacto negativo en la economía”, advirtió Oviedo.
Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, subraya que la propuesta de reforma plantea riesgos para las finanzas públicas futuras al aumentar el gasto público sin una contraparte anual de ingresos más elevados.
“Esto podría disminuir la capacidad de gasto en sectores clave como salud, educación e infraestructura pública, o llevar a un mayor endeudamiento que podría resultar en recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y desestabilización macroeconómica”, advirtió Siller.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, considera que la propuesta de otorgar pensiones equivalentes al 100% del salario no es fiscalmente viable y no se implementa en ningún otro país del mundo. Reconoce la necesidad de un aumento en las tasas de contribución, siempre que se mantenga un cuidado fiscal.
En contraposición, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ve positivo que el gobierno plantee una iniciativa para aumentar las pensiones, indicando que esto podría generar una significativa tasa de retorno para las finanzas públicas en forma de impuestos al consumo.
James Salazar, subdirector de análisis de CI Banco, refuta el argumento de que el gobierno al aportar más a las pensiones resultaría en un aumento de la recaudación a través de impuestos, y sugiere que destinar esos recursos a infraestructura, educación o salud tendría un efecto similar.
