La Fiscalía ha presentado una acusación penal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 en Perú. La solicitud incluye una pena de 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Castillo enfrenta actualmente dos medidas de prisión preventiva, una por este caso y otra por presuntamente liderar una organización criminal en Palacio.
La acusación también abarca a su círculo cercano, incluyendo a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo; y Aníbal Torres, ex primer ministro. La petición de pena para los primeros tres, por el delito de rebelión, es de 25 años, mientras que para Torres es de 15 años.
A pesar de que la intentona de Castillo se disolvió en horas y fue capturado por su propia escolta, la Fiscalía argumenta que hubo altos mandos que siguieron sus órdenes, solicitando 25 años de prisión para el general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez.
La defensa de Castillo ha sostenido que no hubo un golpe de Estado, ya que no se consumó, y que no se alzó en armas. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que algunos altos mandos sí siguieron sus órdenes. En entrevistas recientes, expertos legales como Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto han cuestionado la idoneidad de la tentativa, señalando que el discurso de Castillo no tuvo un efecto real.
En una de las últimas audiencias, Castillo cuestionó su encierro, comparándose con el expresidente Alberto Fujimori, quien salió en libertad sin cumplir su condena. El expresidente peruano permanece recluido en el penal de Barbadillo en Ate. La etapa siguiente será el juicio oral y la eventual sentencia.
